Por este motivo, como cada año, el pasado 30 de enero, quien suscribe este artículo presentó su informe de Desempeño 2025 tanto en su condición de juez del Pleno como en el ejercicio de las atribuciones propias de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

El informe recoge las actuaciones realizadas en el ejercicio de las distintas funciones institucionales vinculadas a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial, a la Escuela Nacional de la Judicatura, al Registro Inmobiliario y a la Defensa Pública. Más allá de las cifras (sesiones celebradas, decisiones adoptadas o resoluciones aprobadas), su valor central reside en el mensaje que transmite: la función judicial puede y debe ser evaluada, sin menoscabo de su independencia.

Uno de los avances más significativos que refleja el informe es el impacto concreto de las políticas orientadas a reducir la mora judicial. En 2025, se asumió como compromiso que ningún expediente permanezca sin decisión por más de seis meses, con resultados verificables en la mayoría de las jurisdicciones y una reducción sostenida de los tiempos promedio de resolución.

Resolver en plazos razonables no es solo una exigencia de eficiencia; es una condición de dignidad para las personas que esperan una respuesta del sistema de justicia.

En esa misma línea, la transformación digital dejó de ser una promesa para convertirse en una práctica cotidiana. El uso generalizado del Sistema de Gestión de Casos, la expansión del Portal de Acceso Digital y la automatización de servicios como la publicación de boletines judiciales han cambiado la forma en que ciudadanos, abogados y operadores interactúan con la justicia. Como hemos explicado en otros momentos, la digitalización no sustituye al juez ni al juicio, pero sí reduce tiempos, elimina barreras innecesarias y mejora la transparencia y la trazabilidad de los procesos.

Esta práctica de rendición de cuentas se inscribe, además, en una concepción moderna de la ética judicial. La ética no se limita a la conducta individual del juez, sino que se proyecta como una responsabilidad institucional permanente. El fortalecimiento del Comité de Comportamiento Ético, la incorporación de expertos nacionales e internacionales y la aprobación de protocolos para la protección de datos personales y para la atención de personas en condición de vulnerabilidad son expresiones concretas de esa visión.

Otro hito mencionado en el informe es la presentación del Plan Estratégico Decenal 2025–2034, Justicia del Futuro, refleja la voluntad del Poder Judicial de pensar más allá del corto plazo, anticipar desafíos y fortalecer sus capacidades institucionales con una visión centrada en las personas, la innovación responsable y la toma de decisiones basada en evidencia.

Mirando hacia el futuro, rendir cuentas no debe ser una práctica excepcional ni limitada a los más altos cargos. Debe consolidarse como una cultura judicial, en la que todos los jueces, en el ámbito de sus competencias, asuman que informar sobre su trabajo es parte esencial del servicio público que prestan. 

La justicia del siglo XXI exige jueces técnicamente competentes, éticamente íntegros y socialmente responsables. Cuando la justicia se explica, se entiende. Y cuando se entiende, se confía en ella. Ese es uno de los mayores aportes que puede hacer un Poder Judicial comprometido con la dignidad humana, la legalidad y el futuro democrático del país.

ENLACES:

Publicado en Listín Diario

Rendir cuentas fortalece la justicia.

Esta semana dimos un paso importante en ese camino con el lanzamiento del portal justicia.gob.do, una nueva puerta de entrada al sistema judicial dominicano, pensada para estar más cerca de la vida cotidiana de quienes lo necesitan.

No es simplemente una página web. Es un punto de encuentro.

Desde esta plataforma, cualquier persona puede orientarse, conocer requisitos, dar seguimiento a sus procesos y acceder a servicios sin tener que trasladarse físicamente a un tribunal. En un solo lugar es posible consultar un caso, revisar audiencias y entender en qué etapa se encuentra un trámite. Es una herramienta creada para ordenar la información, simplificar la experiencia y ahorrar tiempo.

Pero lo más valioso es lo que abre hacia el futuro. Justicia.gob.do está llamado a convertirse en el espacio donde todas las instituciones del sistema de justicia puedan trabajar de manera coordinada, intercambiar información de forma segura y agilizar procesos que, históricamente, consumían tiempo y energía a la ciudadanía.

El portal reúne servicios de todas las materias: penal, civil, comercial, laboral, tierras y niñez y adolescencia. Funciona como una puerta digital única, diseñada para evitar confusiones, reducir visitas innecesarias y ofrecer claridad desde el primer paso. Cuando alguien sabe dónde comenzar, la justicia deja de sentirse como un laberinto y se convierte en un servicio accesible.

Este lanzamiento es parte de un proceso mayor. Desde 2019 hemos asumido la tarea de transformar la justicia reconociendo el punto de partida: mora judicial acumulada, procesos congestionados y decisiones demoradas que afectaban directamente a las personas. Afrontar décadas de mora estructural exigió disciplina, organización y medición constante. Hoy, en la mayoría de los tribunales, la mora dejó de ser la regla y comenzó a ser la excepción. 

Pero la eficiencia no solo se mide en tiempos. También se mide en acceso y en experiencia ciudadana. Durante décadas, acercarse a la justicia significó filas, confusión y un lenguaje que no siempre resultaba fácil de entender. La transformación digital permitió repensar esa experiencia desde la perspectiva de las personas. Plataformas digitales, consultas remotas e interoperabilidad entre sistemas contribuyen a que la información fluya y a que los trámites sean más simples.

Detrás de justicia.gob.do hay un trabajo técnico profundo: sistemas integrados, uso de APIs, protocolos de seguridad y estándares que garantizan confiabilidad. La tecnología no reemplaza la dimensión humana de la justicia; la ordena y la hace más clara. 

La transparencia es otro pilar de este proceso. Herramientas como la Juristeca, con miles de decisiones disponibles, y el Observatorio del Poder Judicial, que organiza información de forma clara y accesible, permiten entender mejor cómo funciona el sistema y cómo decide. Un sistema que se explica inspira más confianza que uno que solo se defiende.

La transformación también se refleja en los espacios físicos y en la forma de atender. Las nuevas Ciudades Judiciales, los centros de orientación, las áreas de mediación y los espacios especializados —como los Centros de Entrevista Forense— muestran que justicia también significa trato digno y cuidado, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Todo este esfuerzo parte de una idea simple: poner a las personas en el centro. Hacer que la justicia llegue a tiempo, que se pueda entender y que se viva como un servicio cercano, accesible y confiable. Una justicia que sea un puente seguro para quien necesita protección y una respuesta clara para quien busca amparo.

El Poder Judicial reafirma, con cada paso, su compromiso con una justicia más cercana, eficiente y transparente. El lanzamiento de justicia.gob.do es una invitación a conocer esta transformación, a usarla y también a exigir que siga mejorando.

Les invito a visitar justicia.gob.do, a explorarlo y a comprobar cómo la justicia está hoy, realmente, a un solo clic.

La institucionalidad es, en términos muy concretos, el sistema operativo sobre el cual funcionan los negocios, las inversiones y los proyectos de vida.

Cuando ese sistema es confiable, permite que las cosas fluyan, que sucedan. Sin embargo, cuando es lento, presenta fallas, se congela o se vuelve impredecible, el desarrollo simplemente se detiene.

SALUTACIONES

¡Muy buenas tardes!

Saludo al señor Boris De León Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), un joven con una trayectoria destacada, y agradezco su compromiso al encabezar este valioso espacio de diálogo, tan oportuno como necesario.

Extiendo mi saludo a laMagistrada Yeny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República.

Lo mismo que a los ministros:

De justicia, Antoliano Peralta y de Energía y Minas, Joel Santos.

Un saludo especial a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.

Extiendo mis salutaciones a los líderes del sector empresarial y de la sociedad civil, docentes, representantes de los medios de comunicación y todas las personas que nos acompañan en esta jornada.

Gracias por estar aquí.

 INTRODUCCIÓN

A una generación acostumbrada a la rapidez de lo digital y a la eficiencia de plataformas privadas, le resulta difícil comprender por qué las instituciones del Estado no siempre operan con la misma agilidad.

Y reconozco que esa inquietud, además de comprensible, es legítima y necesaria.

Durante décadas, destacados economistas han advertido cómo las instituciones deficientes (extractivas) pueden condenar a los países al estancamiento y a la desigualdad.

Richard Wagner (Chief justice de Canadá) advierte que las democracias son más frágiles de lo que solemos creer. El año pasado el 68% de los países retrocedieron en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.

Esto significa que el Estado de Derecho no es una conquista definitiva. Es una construcción diaria.

En la República Dominicana hay ejemplos que demuestran que es posible corregir el rumbo, transitando de la debilidad institucional hacia la construcción de un Estado más eficiente y confiable.

Estamos convencidos de que, en ese proceso, el Poder Judicial constituye un pilar fundamental del progreso nacional.

El presente nos coloca ante un gran desafío para la vida institucional: actualizar el Sistema Operativo, por lo que es comprensible la sensación de incertidumbre.

Pero no es la primera vez que la humanidad siente miedo (vértigo) ante el cambio. Durante la Revolución Industrial, pensadores y trabajadores temían que la máquina de vapor trajera desempleo masivo y crisis económica perpetua.

La encrucijada contemporánea, entre otros factores, nos enfrenta a la irrupción de la inteligencia artificial, a la urgencia de la transición energética, a las tensiones geopolíticas y al cambio climático.

Y dado que salimos airosos en el pasado, estoy seguro de que superaremos estos retos.  Pero para eso es necesario ver los cambios y las nuevas tecnologías como oportunidades, como herramientas que debemos gobernar con ética y visión.

Eso es, justamente, lo que hemos venido haciendo en el Poder Judicial desde 2019. Por eso, para entender la magnitud de los desafíos actuales, lo primero es ser honestos sobre nuestro punto de partida.

CONTEXTO: LA REALIDAD EN 2019

Hace ya casi siete años, encontramos un sistema judicial en estado delicado. Según el Latinobarómetro, apenas un 21% de nuestra población confiaba en la justicia y retrocedíamos 5 puntos en el índice de estado de derecho del World Justice Project.

El principal problema era la mora judicial: en la Suprema Corte de Justicia, nueve de cada diez casos tardaban más de un año en resolverse, y encontramos expedientes esperando decisión desde 1982.

La medición del desempeño de los tribunales tardaba dos años en poder consolidarse, por lo que no era posible determinar su estado con exactitud.

Todo funcionaba en papel y la gestión se soportaba en sistemas informáticos desconectados, sin estándares y con diferencias, incluso entre tribunales de la misma categoría y materia.

La burocracia devoraba los derechos de la gente y frenaba la competitividad de las empresas. Ese fue el diagnóstico que nos obligó a replantear cómo se prestaba el servicio.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: HACIA LA TRANSPARENCIA

Por, eso impulsamos una transformación digital con un fin institucional claro: reducir la discrecionalidad administrativa, aumentar la transparencia y eficientizar los procesos internos.

No se trata de modernizar por moda. La digitalización del servicio, la puesta a disposición de plataformas como justicia.gob.do y la implementación de la firma digital, están cambiando el juego:

Un expediente digital no se "pierde".

Un expediente digital no se traspapela.

Un expediente digital tiene trazabilidad.

Esto ataca directamente la corrupción y la ineficiencia. Y es un aliado vital para el emprendimiento y las MIPYMES.

Para una pequeña empresa o un emprendedor, la burocracia lenta es una sentencia de muerte. Así que, al digitalizar, democratizamos el acceso a la justicia.

Una justicia digital es una justicia auditable, que libera al juez de la burocracia administrativa para que pueda concentrarse en lo que realmente importa: fallar con calidad y a tiempo.

EFICIENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Sé que para ustedes, jóvenes empresarios, la relación con el Estado es vital. Por eso hemos logrado un avance que impacta directamente su operación: la eficiencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Para nadie es un secreto que antes, los litigios contra la administración pública parecían eternos, afectando el flujo de caja y la planificación fiscal de las empresas. Esa incertidumbre era un impuesto oculto a la inversión.

Hoy, gracias a la Ley de Casación y a la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, estamos reduciendo drásticamente esos tiempos. Como ejemplo, la Tercera sala de la Suprema Corte de Justicia falla sus casos en 6 meses en promedio.

Una justicia administrativa ágil, garantiza que el Estado cumpla la ley, protegiendo al contribuyente y al emprendedor de arbitrariedades. Las inversiones en energías renovables y los proyectos de infraestructura verde, por ejemplo, requieren seguridad jurídica a largo plazo, no incertidumbre.

Y esto es pura seguridad jurídica: el Estado sometido a la legalidad con tiempos de respuesta eficientes.

PREVISIBILIDAD Y DATA

Sabemos que la información es poder y el mundo de los negocios no es la excepción. Por eso pusimos en marcha la JURISTECA y el Observatorio del Poder Judicial.

Ya no tienen que depender de rumores sobre "qué opina un tribunal". Ahora tienen acceso a más de 400,000 decisiones en línea. Esto les permite analizar tendencias, predecir resultados y tomar decisiones de negocios basadas en data real.

Esto profesionaliza el ejercicio del derecho y otorga previsibilidad a la gestión empresarial. Pasamos de la "lotería judicial" a la certeza jurídica.

RESULTADOS DE IMPACTO Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Esta transformación no es retórica, los datos la avalan.

Hemos eliminado la mora judicial histórica en la Suprema Corte: el 90% de los casos se resuelve en un año o menos.

Fuimos el país que más avanzó en el mundo en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, subiendo 11 posiciones en un solo año.

Y según Latinobarómetro, duplicamos los niveles de confianza en el Poder Judicial.

La República Dominicana fue el país que más avanzó en todo el mundo (11 posiciones en 2025 y 20 posiciones desde 2019). Estamos demostrando que se puede corregir el rumbo hacia la eficiencia.

República Dominicana está pasando de ser un país con instituciones débiles a convertirse en un referente regional de reforma judicial. Esto mejora el riesgo país y valida el esfuerzo colectivo de nuestra sociedad.

EL DESAFÍO: JUSTICIA DEL FUTURO 2034

Sin embargo, no somos triunfalistas. Reconocemos que faltan retos por superar. La ejecución de la justicia penal y la mejora continua en la duración de los casos siguen siendo prioridades.

Pero la justicia no la hacen solo los jueces. Necesitamos de su corresponsabilidad:

Con la promoción y uso de métodos alternos. El arbitraje y la mediación deben ser la primera opción para descongestionar el sistema.

Fomentemos la Ética Corporativa. El “compliance” debe ser el estándar de esta nueva generación empresarial.

Y, por último, nunca dejemos de innovar. Colaboren con soluciones “LegalTech” que nos ayuden a ser más interoperables. Para esto cuenten con nuestro apoyo.

Vemos en el futuro a una justicia en la que los contratos inteligentes se realizan desde plataformas interoperables con todas las agencias del Estado, y los pocos casos que se judicialicen serán resueltos en un año o menos, incluyendo la fase recursiva.

Es una justicia a la que todos tendrán acceso, 100% gratuita, intuitiva, pero, sobre todo, humana.

COMPROMISO COMPARTIDO

La institucionalidad es un activo económico tangible que debemos cuidar juntos.

Nuestro norte está definido en el Plan Justicia del Futuro 2034. No es un plan para la próxima elección, es un plan para la próxima generación —la de ustedes—.

Jóvenes empresarios, queridos emprendedores: ustedes no son SÓLO el futuro ¡Son el presente exigente que nos obliga a mejorar!

Sigamos construyendo una justicia que piensa, una economía que confía y una ciudadanía que participa.

Una República Dominicana donde la justicia garantice la dignidad, la libertad y el desarrollo de toda su gente.

Esta transformación sólo es posible si sector público y privado unen esfuerzos. Divididos somos débiles ¡Juntos podemos lograrlo!

Muchas gracias.

SALUTACIONES:

Cuando una empresa evalúa invertir en un país, la primera consideración es si las reglas se respetan y si se aplican de manera consistente.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Puede un sistema de justicia convertirse en una ventaja competitiva para un país?

Pensemos en esto mientras extiendo un cordial saludo a Francesca Rainieri, distinguida presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana; a los integrantes del Consejo Directivo, agradeciendo la invitación a este espacio orientado al fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza, pilares esenciales para la inversión y el desarrollo.

Saludo también a los ministros y autoridades presentes; a la Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, señora Leah Francis Campos; a los representantes presentes del cuerpo diplomático; y al liderazgo empresarial, inversionistas, abogadas y abogados, amigas y amigos que hoy nos acompañan.

Muy buenas tardes a todos.

JUSTICIA, REGLAS Y CONFIANZA

La inversión huye de la incertidumbre, pero encuentra refugio donde hay reglas claras. Y esa certeza se construye en el funcionamiento cotidiano de la justicia.

Y es que la estabilidad que ofrecen los sistemas judiciales, están estrechamente ligados al desarrollo económico.

Un marco jurídico claro y predecible atrae inversión, reduce costos transaccionales, fortalece la confianza empresarial y garantiza la efectividad de los contratos.

Las empresas necesitan previsibilidad para planificar, decidir y operar sin el riesgo de cambios arbitrarios en las reglas de juego.

Por eso, la eficacia y la independencia judicial son indicadores claves de la fortaleza institucional de un país.

En ese contexto, la justicia, es un escudo que protege y garantiza derechos: puede constituirse en una ventaja competitiva para el desarrollo de cualquier país.

CONTEXTO GLOBAL, INCERTIDUMBRE Y RECONFIGURACIÓN

Vivimos un momento en el que muchas de las certezas que ordenaron la economía global durante décadas, se han debilitado. El orden basado en normas, ya no garantiza la estabilidad de antes.

En este escenario, las reglas se aplican de manera desigual, el poder ejerce menos limites y la integración economica, que antes reducía riesgo, puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad.  Las crisis recientes nos dejaron una lección clara: la confianza ya no puede darse por sentada.

Sin embargo, los países que no son grandes potencias no están condenados a la impotencia. Su fortaleza reside en la solidez de sus instituciones y en su capacidad de ofrecer estabilidad en un mundo inestable. Cuando las normas internacionales pierden fuerza, el Estado de Derecho interno se convierte en el principal activo estratégico.

En ese contexto, la verdadera ventaja competitiva de un país es su capacidad de hacer valer reglas claras, iguales para todos, aplicadas con independencia y previsibilidad. Es ahí donde la justicia deja de ser solo un pilar democrático y se convierte en un factor decisivo de confianza económica.

Estos factores juegan un papel clave a la hora de los inversionistas determinar dónde, cómo y bajo qué condiciones invertir.

Por eso, las nuevas estrategias de relocalización productiva, vinculadas a las  complejas tensiones del mundo actual, ya no responden únicamente a razones logísticas o de costos.

Responden, cada vez más, a una pregunta central: ¿en qué país podemos confiar?

En términos simples: ya no se trata solo de producir más o más cerca, sino de producir donde las reglas se respetan. Incluso cuando surgen conflictos.

Esa confianza se construye con estabilidad macroeconómica, con reglas claras, con instituciones previsibles y con la capacidad real de resolver conflictos sin arbitrariedad.

Porque el capital está dispuesto a asumir riesgos propios del mercado, pero reacciona con especial sensibilidad frente al riesgo institucional.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

En este contexto, queda claro, que los países con democracias fuertes, son aquellos que cuentan con sistemas de justicia con altos niveles de independencia.

Y esto no es un debate académico ni interno del Poder Judicial: es una de las variables que más incide en la confianza económica.

Recuerdo una frase memorable del Chief Justice de los Estados Unidos, John Roberts, cuando en el año 2018, al responder a ataques contra decisiones judiciales, afirmó, cito:

“No tenemos jueces de Obama ni jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un extraordinario grupo de jueces dedicados, que hacen su mejor esfuerzo para impartir justicia por igual a quienes comparecen ante ellos. Esa rama judicial independiente es algo de lo que todos deberíamos estar agradecidos.” fin de la cita.

Y realmente el chief justice Roberts tenía mucha base para decir esto, ya que, como él mismo aclaró posteriormente: “la independencia judicial es la principal innovación política de la Constitución de los Estados Unidos. Es el cambio estructural que garantizó el control del poder”.

Y creo firmemente que esa independencia judicial, es uno de los aspectos que hacen grande a los Estados Unidos de América.

Para quien invierte en un país, sea nacional o extranjero, la pregunta no es si habrá o no conflictos. Los conflictos son inevitables. La verdadera pregunta es ¿cómo se resolverán?

Cuando los conflictos se procesan sobre la base de reglas e instituciones estables, la incertidumbre disminuye. Y cuando la incertidumbre disminuye, la inversión encuentra suelo firme.

JUSTICIA Y CIVILIZACIÓN ECONÓMICA

Y es precisamente ahí, en la forma en que una sociedad resuelve sus conflictos, donde la justicia deja de ser un mero mecanismo jurídico y se convierte en un factor decisivo de desarrollo sostenible.

Y ahora permítanme detenerme en una idea que precede a cualquier análisis técnico. (pausa)

¿Qué distingue a una economía verdaderamente desarrollada?

¿Su capacidad productiva?

¿su crecimiento coyuntural?;

más bien, la arquitectura institucional que permite que ambos factores perduren en el tiempo.

El desarrollo, entonces,

se mide por la capacidad de organizar el poder, el conflicto y la convivencia a través de la justicia.

La historia económica lo demuestra con claridad:

El poder sin justicia genera inestabilidad e incertidumbre a largo plazo.

La riqueza sin justicia distorsiona el progreso.

La tecnología sin justicia amplifica desigualdades.

Por eso, hablar  de inversión es  hablar también de:

igualdad ante la ley,

de límites reales al poder,

de reglas que no cambian según el actor,

y de la dignidad humana como principio organizador de la vida económica.

Por eso, la justicia ocupa un lugar estructural en el Estado: es una condición para hacer civilización.

En términos prácticos, y esto es clave para quienes toman decisiones, eso es exactamente lo que buscan hoy las empresas y los inversionistas: instituciones capaces de reducir la incertidumbre y ofrecer un entorno estable para decidir, invertir y crecer.

En otras palabras: sin justicia ninguna economía se sostiene, ni crece con equidad.

UN ENTORNO EN CONSOLIDACIÓN

La República Dominicana ha venido construyendo, de manera consistente, un entorno institucional más predecible.

Esto se refleja en mejoras sostenidas del Estado de Derecho; en el aumento de la confianza ciudadana, que según Latinobarómetro pasó de 21% en 2019 a un 41% en 2025.

En un escenario regional particularmente convulso, debemos estar orgullosos del reconocimiento internacional que recibe la República Dominicana, como uno de los países que más ha avanzado en institucionalidad en los últimos años.

Permítanme traducir esto a la moneda tiempo. En la Suprema Corte, hemos eliminado la mora judicial estructural.

En 2019, el 90% de los casos tardaban un año o más para obtener un fallo, algunos pendientes desde 1982.

Hoy, esa realidad cambió. En materia civil y comercial, vital para las disputas contractuales y societarias, el 90% de los casos se resuelven en meses, incluyendo las materias administrativa, inmobiliaria y laboral.

Esta disciplina judicial, presente hoy en más del 80% de los tribunales del país, se traduce en una mejora sustancial de la capacidad de respuesta.

Así lo reconocen organismos especializados como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, cuyo índice de congestión 2025 muestra que el litigio eterno empieza a dejar de ser la norma en la República Dominicana.

Conscientes de los cambios que se han acelerado en la revolución digital, hemos venido derribando las barreras para el acceso.

Gracias al portal justicia.gob.do, hoy las empresas pueden gestionar casos, depositar escritos, recibir notificaciones, y alertas registrales, desde sus oficinas corporativas, e incluso desde el extranjero, con plena validez jurídica.

Nuestro objetivo es que la justicia dominicana opere con la misma agilidad digital de sus negocios.

Pusimos en funcionamiento la Juristeca, que a la fecha cuenta ya con más de 400 mil decisiones en línea de todos los tribunales y nuevas publicaciones de manera constante.

No se trata de una simple biblioteca digital; es una herramienta de previsibilidad. Permite a los equipos jurídicos analizar datos, predecir tendencias jurisprudenciales y anticipar el criterio de los jueces facilitando, la evaluación de riesgos.

Una justicia eficiente no suele ocupar titulares. Pero cuando falla, todo el sistema se resiente.

Pero estamos convencidos de que:

una justicia al día, transparente, tecnológicamente moderna, y firmemente independiente, es un poderosísimo activo-país.

JUSTICIA DEL FUTURO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En los últimos años, hemos impulsado una transformación orientada a resultados: una justicia más oportuna, digitalizada, interoperable, con estándares comparables a los sistemas de las democracias más consolidadas.

Este proceso se ha fortalecido mediante la cooperación técnica con sistemas judiciales de referencia, vemos las mejores prácticas y las adaptamos para poder elevar nuestros estándares operativos. 

Resalto de manera especial las experiencias con la rama judicial de Puerto Rico y la cooperación técnica con el National Center for State Courts.

El objetivo es claro: contar con una justicia ajustada a las exigencias del siglo XXI, que se fortalezca y ayude a fortalecer otras instituciones; que funcione con eficiencia, independencia y previsibilidad.

SEGURIDAD JURÍDICA Y FUTURO COMPARTIDO

El chief justice de Canadá, Richard Wagner ha advertido que las democracias son más frágiles de lo que solemos creer.

Su advertencia parte de que el 68% de los países retrocedieron en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project. ¿Y saben lo que significa esto? Que el Estado de Derecho no es una conquista definitiva. Es una construcción cotidiana.

Pero les tengo una noticia, la República Dominicana fue el país que más avanzó… en todo el mundo (11 posiciones en 2025 y 20 posiciones desde 2019).

Por eso, hoy podemos afirmar con convicción: que la justicia dominicana ya no es un ideal distante. Es una obra en marcha.

Y esa construcción permanente —silenciosa, persistente, institucional— es una de las principales ventajas competitivas de nuestro país.

UN LLAMADO A LA INVERSIÓN

Permítanme decirlo con claridad: la inversión necesita confianza. L a confianza necesita reglas. Y las reglas dependen de instituciones que las hagan valer.

Ese es el compromiso del Poder Judicial dominicano: ofrecer previsibilidad, legalidad y respeto a la dignidad humana. No como discurso. Sino como práctica diaria.

Señoras y señores, la República Dominicana está abierta a los negocios, y su sistema de justicia está listo para protegerlos. Porque al final, las inversiones pueden llegar por rentabilidad, pero permanecen donde hay justicia.

Sientan la tranquilidad de que aquí hay reglas claras, jueces independientes y un Estado de Derecho que funciona y para cuyo fortalecimiento trabajamos cada día con compromiso, pasión y una visión clara de hacia dónde queremos y debemos ir.

Muchas gracias.

Durante su intervención en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Molina sostuvo que “la inversión huye de la incertidumbre, pero encuentra refugio donde hay reglas claras”, y subrayó que la estabilidad institucional que provee la justicia es hoy un factor decisivo en la toma de decisiones empresariales.

Ante líderes empresariales, representantes diplomáticos y autoridades nacionales, el juez presidente destacó que, en un mundo donde el orden internacional basado en normas se ha debilitado, el Estado de Derecho interno se convierte en el principal activo estratégico de los países que no son grandes potencias. “Ya no se trata solo de producir más o más cerca, sino de producir donde las reglas se respetan, incluso cuando surgen conflictos”, afirmó.

Molina enfatizó que la independencia judicial no es un debate interno del Poder Judicial, sino una variable central de la confianza económica. Citando al presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, recordó que la fortaleza de una democracia radica en contar con jueces que apliquen la ley con igualdad, sin responder a presiones políticas ni intereses particulares.

En ese sentido, señaló que para quienes invierten —nacionales o extranjeros— la pregunta no es si habrá conflictos, sino cómo se resolverán. “Cuando los conflictos se procesan con reglas claras e instituciones estables, la incertidumbre disminuye y la inversión encuentra suelo firme”, sostuvo.

Avances del sistema judicial dominicano
El juez presidente resaltó que la República Dominicana ha venido consolidando un entorno institucional más predecible, reflejado en mejoras sostenidas del Estado de Derecho y en el aumento de la confianza ciudadana, que según Latinobarómetro pasó de 21 % en 2019 a 41 % en 2025.
En términos concretos, explicó que la Suprema Corte de Justicia eliminó la mora judicial estructural, logrando que en materias civiles y comerciales —claves para las relaciones contractuales y societarias— el 90 % de los casos se resuelvan en meses y no en años. Asimismo, más del 80 % de los tribunales del país operan hoy sin mora, según estándares reconocidos por organismos especializados.

Molina destacó también el impacto de la transformación digital del Poder Judicial, que permite a empresas y usuarios gestionar casos, depositar escritos y recibir notificaciones desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero, a través del portal justicia.gob.do. A esto se suma la Juristeca, una plataforma que ofrece acceso a más de 400 mil decisiones judiciales, fortaleciendo la previsibilidad y el análisis de riesgos jurídicos.

“Una justicia eficiente no suele ocupar titulares, pero cuando falla, todo el sistema se resiente”, advirtió. Por ello, afirmó que una justicia al día, transparente, tecnológicamente moderna e independiente constituye un activo-país de alto valor.

Llamado a la inversión
En el cierre de su intervención, Henry Molina aseguró que la República Dominicana está abierta a los negocios y cuenta con un sistema de justicia preparado para proteger la inversión. “La inversión necesita confianza; la confianza necesita reglas; y las reglas dependen de instituciones que las hagan valer”, concluyó.

“El compromiso del Poder Judicial dominicano es ofrecer previsibilidad, legalidad y respeto a la dignidad humana, no como discurso, sino como práctica diaria. Porque las inversiones pueden llegar por rentabilidad, pero permanecen donde hay justicia”, afirmó. 

En contextos de alta presión institucional, suele confundirse liderazgo con rapidez, control o exposición permanente. Sin embargo, la experiencia demuestra que la prisa constante debilita la confianza, el desgaste continuo compromete la sostenibilidad y la incoherencia termina afectando la legitimidad. Por eso, tanto en la justicia como en el conjunto del Estado, más que liderazgos reactivos, se necesitan hoy liderazgos conscientes.

Un primer elemento esencial es el orden antes que la velocidad. En el ámbito judicial, este principio tiene un nombre claro: seguridad jurídica. Aunque la ciudadanía espera justicia a tiempo, no se trata de decisiones apresuradas, sino de decisiones comprensibles, previsibles y bien fundamentadas.

Cuando una institución (y en particular la justicia) actúa desde la urgencia permanente, transmite improvisación. Cuando actúa desde el orden, transmite criterio.

Decidir con orden no es decidir tarde; es decidir mejor. Implica establecer prioridades claras, explicar los criterios que orientan las decisiones y proteger espacios de reflexión. La confianza en la justicia no se construye con respuestas inmediatas, sino con decisiones consistentes que puedan sostenerse en el tiempo.

Un segundo eje es la sostenibilidad institucional, inseparable de la sostenibilidad humana del liderazgo. La justicia no puede depender del desgaste extremo de quienes la integran. Un sistema que se sostiene en el sacrificio permanente de jueces y equipos es, inevitablemente, un sistema frágil, incluso cuando produce resultados en el corto plazo.

Cuidar el uso del tiempo, la energía y la salud de quienes deciden no es un asunto privado ni accesorio; es una condición para una justicia de calidad. Un liderazgo agotado puede resolver el día, pero compromete el futuro. En cambio, una conducción institucional que valora el equilibrio y la planificación proyecta estabilidad y permite una visión de largo plazo, indispensable para reformas estructurales y sostenibles.

El tercer elemento es la legitimidad. En la justicia, la legitimidad no proviene de la omnipresencia ni del protagonismo, sino de la armonía entre reglas claras, procesos consistentes y decisiones que no dependen de personas, sino de instituciones.

Avanzar sin cargar de más implica revisar responsabilidades, delegar con criterio, simplificar procedimientos y cerrar ciclos que ya cumplieron su función. La acumulación innecesaria de controles, trámites o decisiones discrecionales no fortalece al sistema judicial; muchas veces, por el contrario, lo debilita. Una justicia legítima es aquella que funciona incluso cuando nadie mira, porque descansa en la institucionalidad y no en voluntades individuales.

En momentos de evaluación, transformación o escrutinio público, estas distinciones se vuelven decisivas. El verdadero desafío no es solo atravesar una coyuntura, sino hacerlo sin comprometer la confianza, sin agotar la estructura y sin erosionar la legitimidad. Esto exige liderazgo consciente: liderazgo que sabe cuándo actuar, cuándo explicar y cuándo permitir que el sistema opere.

Orden antes que velocidad.

Coherencia entre el rol institucional y la forma de ejercerlo.

Capacidad de avanzar con responsabilidad y sin cargas innecesarias.

Estos no son principios abstractos. Son condiciones concretas para sostener la justicia como pilar democrático y para fortalecer la confianza pública en las instituciones. En entornos donde la presión es constante, el liderazgo consciente puede no ser el más ruidoso, pero sí el más decisivo.

Porque la confianza, en la justicia y en el Estado, tiene su propio ritmo.

No se acelera.

Se construye con hechos, coherencia y diálogo constante.

El Proyecto de Ley Fundamental de la República, redactado de puño y letra por Juan Pablo Duarte, ocupa un lugar singular en la historia constitucional dominicana. No se trata de un texto que haya regido formalmente como Constitución, pero sí de un documento que expresa, con notable claridad y coherencia, la conciencia ética republicana sobre la cual se edificó el ideal de nuestra nación.

Este artículo propone releer el Proyecto de Ley Fundamental no como una pieza histórica de valor meramente testimonial, sino como una referencia ética vigente para comprender el sentido, los límites y las responsabilidades de la función judicial en una República constitucional, especialmente en contextos de alta complejidad normativa y crecientes demandas de justicia.¹

El Proyecto de Ley Fundamental permaneció inédito durante varias décadas tras la independencia nacional. Fue a finales del siglo XIX cuando Federico Henríquez y Carvajal identificó el manuscrito entre los documentos remitidos desde Caracas por Rosa Duarte, conjunto hoy conocido como el Archivo de Duarte, y lo dio a conocer en la revista Letras y Ciencias en 1899.² Desde entonces, el Proyecto se incorporó de manera estable al acervo intelectual dominicano como una pieza fundamental del pensamiento político y jurídico nacional.³

El manuscrito original, conservado actualmente en la Casa Museo Duarte, confirma que se trata de un texto elaborado con clara vocación normativa y no de una simple reflexión teórica.⁴ Aunque no llegó a ser debatido ni aprobado por la Asamblea Constituyente de 1844, su contenido influyó de manera significativa en los principios que inspiraron la primera Constitución dominicana, particularmente en lo relativo a la soberanía, la limitación del poder y la centralidad del derecho.⁵

En el centro del Proyecto de Ley Fundamental se encuentra la clave interpretativa de todo su diseño institucional y ético, contenida en el artículo 13 bis, numeral segundo: “Todo poder dominicano está y deberá estar limitado por la ley, y ésta por la justicia, la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca.”⁶

Esta formulación revela una concepción del orden político y jurídico que descansa sobre tres ideas fundamentales. En primer lugar, ningún poder es absoluto ni moralmente autosuficiente. En segundo término, la ley cumple una función esencial de límite frente al poder, pero no lo legitima por sí sola. Finalmente, la justicia se erige como el criterio último de legitimación de la propia ley.

Duarte no concibe la ley como una expresión neutral o automática de autoridad. Para él, la ley debe responder a un ideal de justicia que la antecede y orienta su aplicación. En esta afirmación se encuentra una advertencia temprana contra el legalismo formalista: no toda ley es justa por el solo hecho de haber sido formalmente adoptada.⁷ La legitimidad normativa depende de su orientación al derecho y a la equidad, idea que conecta el pensamiento de Duarte con la tradición clásica del suum cuique tribuere y con concepciones contemporáneas del constitucionalismo sustantivo.⁸

El valor del Proyecto de Ley Fundamental no radica únicamente en sus disposiciones organizativas, sino en la ética del poder público que propone. Duarte diseña un orden político fundado en la limitación del poder, la igualdad ante la ley, el respeto al debido proceso y la centralidad de los derechos.⁹

El Proyecto proscribe privilegios, rechaza tribunales de excepción y afirma la prohibición de la retroactividad de la ley. Estas disposiciones revelan una concepción del Estado que no se agota en la arquitectura institucional, sino que exige una conducta responsable, contenida y orientada al derecho por parte de quienes ejercen funciones públicas, ética que encuentra en la función judicial uno de sus principales espacios de realización práctica.¹⁰

Desde esta perspectiva, el Proyecto de Ley Fundamental puede interpretarse como una encomienda directa a la judicatura dominicana, no como una instrucción técnica, sino como un llamado ético a la conciencia del juez. Si todo poder debe estar limitado, el juez se convierte en custodio del límite. Su función no es amplificar el poder del Estado, sino contenerlo dentro de los márgenes del derecho y de la justicia.¹¹

Duarte coloca al juez ante una responsabilidad permanente: decidir conforme a la ley, pero sin perder de vista su sentido justo. La fidelidad judicial no es ciega ni automática; es reflexiva, razonada y orientada por el derecho de cada persona. Esta concepción exige independencia, prudencia y fortaleza moral. El juez no es un mero aplicador mecánico de normas, sino un garante del equilibrio entre legalidad y justicia.¹²

La concepción duartiana de la justicia proyecta sus efectos sobre la legitimidad del sistema judicial. La confianza ciudadana no se construye únicamente a partir de normas y procedimientos formales, sino mediante decisiones percibidas como razonadas en derecho y justas en su resultado.¹³ Cada juez, en cada caso, encarna ese ideal republicano, y en esa experiencia cotidiana se juega la credibilidad del sistema de justicia.

Esta idea resulta especialmente relevante en contextos de alta complejidad normativa y de crecientes demandas de tutela judicial efectiva. La justicia, entendida como finalidad última del derecho, se convierte así en el principal factor de legitimación institucional.¹⁴

En el contexto actual, marcado por tensiones sociales, complejidad normativa y la necesidad de fortalecer la confianza pública en las instituciones, la advertencia de Duarte conserva plena vigencia: la ley no es un fin en sí misma, sino un medio al servicio de la justicia.¹⁵

Para los jueces dominicanos, un obrar conforme al ideario duartiano se traduce en un deber concreto: ejercer la función jurisdiccional con integridad, mesura y sentido de justicia, conscientes de que cada decisión contribuye a afirmar —o a debilitar— el Estado de Derecho.¹⁶

Atesorar el Proyecto de Ley Fundamental de Juan Pablo Duarte no es un ejercicio de memoria histórica, sino una reafirmación ética del constitucionalismo dominicano. En este texto originario se encuentra una concepción exigente de la justicia que sigue interpelando, de generación en generación, a quienes ejercen la función judicial y están llamados a custodiar el límite del poder en nombre de la ley y de la justicia.¹⁷

Referencias bibliográficas

1. Instituto Duartiano, Proyecto de Ley Fundamental de la República, Boletín núm. 25, Santo Domingo, 2009.
2. Federico Henríquez y Carvajal, “Proyecto de Ley Fundamental de la República”, Letras y Ciencias, 1899.
3. Emilio Rodríguez Demorizi, Archivo de Duarte, Academia Dominicana de la Historia.
4. Instituto Duartiano, edición facsimilar del manuscrito original del Proyecto de Ley Fundamental.
5. Rolkin Jiménez Polanco, “Duarte y su idea de Constitución”, Acento, 2024.
6. Juan Pablo Duarte, Proyecto de Ley Fundamental de la República, art. 13 bis.
7. Alfonso Torres Ulloa, Juan Pablo Duarte: forjador de la Patria desde el Derecho, Revista Judicial Dominicana, 2013.
8. Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, Trotta, Madrid, 2009.
9. Constitución de la República Dominicana de 1844 (principios inspiradores).
10. Fernando Pérez Memén, Pensamiento político de Duarte.
11. Héctor Fix-Zamudio, La función jurisdiccional y el Estado de Derecho.
12. Poder Judicial de la República Dominicana, Código de Ética del Poder Judicial.
13. John Rawls, Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica.
14. World Justice Project, Rule of Law Index.
15. Milton Ray Guevara, El pensamiento constitucional de Duarte.
16. Instituto Iberoamericano de Ética Judicial, Principios básicos.
17. Instituto Duartiano, Duarte y la ética republicana.

Cuatro años antes, en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil había atravesado una situación similar. Un ataque informático obligó a suspender sesiones y desconectar sistemas para contener la intrusión, afectando temporalmente la operación del máximo tribunal infraconstitucional del país, en un momento en que la digitalización ya era una condición básica para la continuidad del servicio.

Ambos episodios, separados por geografía y contexto, revelan una misma realidad y una clara advertencia: incluso las instituciones más consolidadas son vulnerables cuando la seguridad digital no acompaña al ritmo de la transformación.

Cuando la justicia se digitaliza, su continuidad depende directamente de la protección de los datos y de la resiliencia de sus sistemas. Y cuando esa protección falla, lo que se interrumpe no es un trámite administrativo, sino el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.

Durante mucho tiempo, la seguridad de la información fue tratada como un asunto técnico, casi invisible, reservado a especialistas. Hoy sabemos que esa mirada es insuficiente. Cada expediente electrónico, cada audiencia virtual, cada notificación digital contiene información personal, patrimonial o familiar cuya exposición o pérdida tiene consecuencias reales. La información judicial no es un activo tecnológico: es un bien público que exige cuidado ético,  institucional y permanente.

Los casos de Los Ángeles y del STJ brasileño no son excepciones aisladas, sino expresiones de un fenómeno más amplio. Los sistemas judiciales se han convertido en objetivos estratégicos de ataques cada vez más sofisticados, apoyados en ingeniería social, suplantación de identidades y, más recientemente, en herramientas basadas en inteligencia artificial. La amenaza ya no es esporádica ni artesanal; es persistente, adaptativa y global.

Frente a ese escenario, la experiencia del Poder Judicial dominicano ha seguido un camino deliberado. Desde el inicio del proceso de transformación digital, asumimos que modernizar la justicia no podía significar simplemente digitalizar procesos existentes. Implicaba construir un ecosistema confiable, con reglas claras, controles efectivos y una gobernanza capaz de anticipar riesgos. La incorporación del expediente judicial electrónico, la firma digital, las audiencias virtuales y los servicios en línea se apoyó en políticas institucionales, marcos normativos y decisiones estratégicas que partieron de una premisa central: sin seguridad, no hay transformación sostenible.

La Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial expresó esa convicción: la justicia digital debía estar regulada, protegida y alineada con los derechos de las personas. A ello se sumó el fortalecimiento de los controles de acceso, la gestión de identidades, la autenticación robusta y una infraestructura pensada para garantizar la continuidad del servicio. No se trataba solo de innovar, sino de preservar la confianza pública en cada paso del proceso.

Esa visión se tradujo en una base real de continuidad operativa. El Poder Judicial opera sobre un Centro de Datos, concebido para alta disponibilidad y redundancia, con capacidad de mantenimiento sin afectar los servicios y con un esquema robusto de recuperación ante desastres.

Esa infraestructura se refleja en resultados concretos: un nivel de servicio anual de 99,982%, equivalente a menos de 1,6 horas de inactividad al año.  

Igualmente contamos con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) con monitoreo y protección 24/7, diseñado para detectar y responder de forma inmediata ante incidentes. No se trata de una única barrera, sino de un modelo de seguridad multicapa que incorpora análisis avanzado e inteligencia artificial para anticipar amenazas, proteger datos sensibles y sostener la continuidad del servicio judicial. La confianza ciudadana también se construye cuando cada interacción digital ocurre en un entorno íntegro y seguro.  

Sin embargo, lo más relevante no son solo herramientas, sino la arquitectura de gobernanza que las sostiene. Desde 2021, la seguridad de la información se rige por políticas institucionales aprobadas por el Consejo del Poder Judicial, con una estructura clara de responsabilidades: una unidad funcional especializada y seguimiento que incluye auditorías externas anuales y reportes periódicos de indicadores. 

La seguridad no se improvisa; se gobierna, se audita y se mejora.  

Esa gobernanza se traduce en prácticas concretas: una metodología formal de gestión de riesgos; protocolos definidos de respuestas a incidentes con mecanismos claros de reporte y comunicación; clasificación de la información; evaluaciones externas periódicas,  análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración; así como políticas de respaldo, restauración y recuperación sometidas a pruebas regulares. En justicia digital, la continuidad del servicio es parte de la garantía de derechos.  

En justicia, la seguridad de la información no es una reacción tardía, sino una práctica cotidiana. Nadie está completamente a salvo, pero no todas las instituciones enfrentan el riesgo de la misma manera. La diferencia la marca la anticipación, la inversión sostenida y la decisión de tomarse la seguridad en serio antes de que llegue la crisis. Cada sistema que sigue funcionando, cada dato que se protege, cada ataque que no ocurre es una forma silenciosa de garantizar derechos.

En los próximos años, la digitalización tendrá un peso cada vez mayor en la forma en que la justicia se organiza y presta sus servicios. Ese avance, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para construir un Poder Judicial más accesible, más ágil y más cercano.

En ese contexto, la seguridad de la información adquiere un papel central como garantía de confianza para quienes utilizan los servicios judiciales.

En el caso del Poder Judicial dominicano, asumir ese desafío forma parte de nuestra manera de entender la transformación: innovar con sentido, anticipar riesgos y actuar con responsabilidad. Porque una arquitectura de seguridad bien diseñada se traduce en tiempo devuelto a las personas, en procesos más confiables y en un acceso a la justicia más digno y efectivo.

El grupo está integrado por jóvenes profesionales del derecho (seis mujeres y siete hombres), egresados de diferentes universidades del país, seleccionados como resultado del concurso unificado, en sus versiones 1-2025 y 2-2025. 

Los nuevos aspirantes a formar parte de la judicatura son: Pedro Domingo Mateo Morrobel, Juan Samuel Gómez Ferreras, Esther Berenise Liz Jiménez, Miguel Eloy Martínez Recio, Leidy Josefina Lespín Tapia, Carina Elisa Jiménez Morillo y Alfredo Humberto Rodríguez Medrano.  

También Germán Gabriel Reyes Gautreaux, Mabelin Idalina Javier Cedeño, Emmanuel Mota Concepción, Raykeny de Jesús Rodríguez Rosario, Massiel Stefany Soriano Martínez y Estrella Divina Capellán Santana. 

El magistrado Henry Molina pronunció las palabras de apertura, en las que dijo que la justicia que se proponen alcanzar hacia el año 2034 requiere de estructuras modernas y procesos digitales. 

Recordó a los nuevos ingresados que la ENJ es un lugar donde además de aprender derecho, se forma carácter, se aprende a decidir y se toma conciencia del poder que implica juzgar. 

“Aprendan haciendo y reflexionando. Sean conscientes del poder que ejercen al juzgar. Lean la realidad antes de aplicar la norma. Vivan la Constitución cada día, elijan la ética, incluso cuando cueste. Escuchen antes de decidir. No normalicen la mora, usen los medios y herramientas para servir mejor. Nunca dejen de formarse; y, por último, tengan el coraje de ser distintos, de transformar la realidad desde la justicia”, aconsejó el magistrado al mencionar el decálogo para cuando las dudas los invada.  

Durante el acto, la magistrada Ana Magnolia Méndez Cabrera, jueza del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, compartió un mensaje en calidad de egresada de la ENJ, en el que resaltó el compromiso, la vocación y la responsabilidad que exige la carrera judicial. 

“En lo personal, el inicio de mi proceso formativo fue una hermosa oportunidad para dedicar tiempo exclusivo a la adquisición de los conocimientos fundamentales para ejercer la judicatura. El legado de una buena preparación consiste en ayudarnos a aprender y desaprender de manera constante. y lo que más ayudó a mi formación fue la disciplina”, relató Ana Méndez, al tiempo que exhortó a los aspirantes a aprovechar esa experiencia formativa.    

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, quien también hizo un llamado a aprovechar el espacio de formación, las ventajas que ofrece la digitalidad y demás herramientas tecnológicas. 

“Utilizar la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar un mayor acceso, eficiencia, transparencia y dignidad en la administración de justicia”, agregó.   

En este proceso de formación, que tendrá una duración de 24 meses, los futuros jueces y juezas serán capacitados por académicos nacionales e internacionales, así como por actores del Sistema de justicia de reconocido prestigio, quienes aportarán sus conocimientos y una visión integral y global del derecho. 

Con la apertura de este nuevo grupo, la ENJ reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación de una judicatura íntegra y altamente capacitada, preparada para responder a las necesidades de la sociedad y contribuir al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. 

Conforme al artículo 150 de la Constitución de la República, para ser designad juez(a) del Poder Judicial, todo aspirante deberá someterse a un concurso público de oposición y luego aprobar satisfactoriamente el programa de formación de la Escuela Nacional de la Judicatura. 

A la actividad asistieron jueces de la Suprema Corte de Justicia, miembros del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Directivo de la ENJ, de la Comisión Académica, docentes, funcionarios judiciales, decanos de las escuelas de derecho, miembros de la comunidad jurídica y otros invitados. 

Ese periodo ha estado caracterizado tanto por la cantidad de asuntos atendidos como por la profundidad de los cambios impulsados y sostenidos en el tiempo. El Poder Judicial ha permanecido en movimiento, respondiendo a una demanda social creciente de resultados, transparencia y cercanía. Muchos de los avances que hoy se presentan son el resultado de decisiones acumuladas, ajustes progresivos y aprendizajes institucionales que se han ido consolidando a lo largo de la gestión.

Uno de los ejes centrales destacados durante el acto fue el avance sostenido en la reducción de la mora judicial.

Hoy, la Suprema Corte de Justicia resuelve el 90 % de sus casos en un año o menos, con plazos claramente definidos según la materia.

Este resultado refleja una línea de gestión coherente y constante, basada en disciplina procesal, seguimiento y priorización sostenida, incluso en contextos de alta carga jurisdiccional.

Ese mismo enfoque se extiende a los tribunales a nivel nacional. Actualmente, el 87 % de las salas se encuentran al día, con información judicial actualizada y disponible en línea.

En los departamentos con mayor  litigiosidad, el proceso desarrollado ha permitido identificar con mayor claridad los puntos críticos y orientar las decisiones de gestión hacia esos espacios, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema. La actividad judicial se volvió más visible, medible y evaluable.

Durante mi intervención subrayé también la importancia de la reducción del peso de los asuntos administrativos dentro del sistema. Pasamos del 49 % al 36 % del total de casos. Esta reorientación construida de manera gradual, liberó tiempo jurisdiccional y permitió concentrar el esfuerzo judicial en la resolución de conflictos entre personas, con un impacto directo en la eficiencia y en la calidad del servicio prestado.  

La transformación digital ha sido otro de los ejes sostenidos de esta gestión. A lo largo de este periodo, más de 27 mil personas utilizaron servicios judiciales digitales, participaron en audiencias virtuales o consultaron sus expedientes sin necesidad de trasladarse. Herramientas como la JURISTECA y la asistente virtual LEIA se integraron de forma estable a los canales de acceso a la justicia, ampliando las facilidades a los usuarios del sistema.

En torno al sistema penal, trabajamos junto al Ministerio Público y a la Defensa Pública, promoviendo una cultura de acuerdos para la solución temprana y no adversarial. El programa que inició en la provincia Hermanas Mirabal mostró resultados concretos, al pasar de un 13 a un 75% de casos resueltos por acuerdo en el último trimestre del pasado año. Esta experiencia abre nuevas oportunidades para fortalecer una respuesta penal más eficiente y centrada en las personas.  

La gestión también ha implicado una revisión del modelo de infraestructura judicial. Se ha trabajado para evolucionar desde una concepción centrada en edificios para avanzar hacia centros de servicios pensados para las personas.

La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este se consolidó como un referente de atención más digna, funcional y accesible, como parte de una visión institucional que ya se proyecta en otros desarrollos en curso.

En materia de transparencia, alcanzar el 100 % en el índice de transparencia fue el resultado de un trabajo sostenido y verificable. Informes de desempeño presentados en plazo, datos abiertos disponibles en el Observatorio del Poder Judicial y más de 400 mil decisiones accesibles en línea forman parte de una política institucional que se ha fortalecido progresivamente, coincidiendo con la exitosa celebración en Santo Domingo de la Cumbre Internacional de Justicia Abierta.

Este período también permitió fortalecer la carrera judicial, los sistemas de evaluación del desempeño y los espacios de reflexión ética. Se avanzó en un equilibrio indispensable: proteger la independencia judicial y, al mismo tiempo, asumir con seriedad la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Hacia el cierre de mi intervención, compartí una convicción que atraviesa todo este proceso: los avances logrados forman parte de un proceso que requiere continuidad, evaluación permanente y capacidad de ajuste. En ese marco se presentó el Plan Justicia del Futuro 2034, como una hoja de ruta que recoge lo aprendido, ordena prioridades y orienta las decisiones futuras hacia una justicia sin mora, accesible y centrada en las personas.

Iniciar cada acto judicial “en nombre de la República” no es una fórmula ceremonial. Es un recordatorio permanente de que la justicia existe para servir la dignidad de las personas, desde la Constitución y la ley, y que no puede quedar subordinada a intereses particulares ni a presiones coyunturales.

Esa convicción ha orientado la gestión desde el 2019 y seguirá guiando nuestras decisiones en este 2026. La justicia dominicana continúa en movimiento, con el compromiso de sostener lo avanzado y de seguir fortaleciendo un servicio cada vez más cercano, claro y confiable para la ciudadanía.

Publicado en Listin Diario

Una justicia en movimiento: reflexiones tras el Día del Poder Judicial