Muy buenas noches.

Es un honor acompañar este encuentro que reúne a periodistas, comunicadores, académicos, jueces y servidores judiciales, en un espacio que ya forma parte de la vida institucional del Poder Judicial dominicano: un espacio donde la palabra se encuentra con la justicia, donde la búsqueda de la verdad se convierte en compromiso público, y donde reafirmamos nuestro vínculo con la democracia.

Hoy celebramos el talento, el rigor y la dedicación de quienes han puesto su oficio al servicio de algo esencial para toda sociedad libre: la comprensión pública de la justicia. En una democracia sólida, la comunicación clara y responsable fortalece el Estado de derecho y hace posible que las instituciones cumplan su función de proteger la dignidad y los derechos de todas las personas.

Uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es comunicar la justicia en un mundo acelerado, saturado de información y marcado por discursos que, con frecuencia, reducen la complejidad. Por eso, este encuentro tiene una importancia especial: aquí reconocemos que la justicia no solo se aplica, también se explica. No solo resuelve casos, también sostiene la convivencia democrática.

Cuando un periodista traduce un concepto jurídico, muestra el sentido de una decisión o narra el impacto de un proceso en la vida de una persona, contribuye a un objetivo mayor: que la ciudadanía comprenda cómo funciona el Estado de derecho y por qué su integridad es esencial para la libertad y la igualdad.

La comunicación judicial es, en esencia, una herramienta para cuidar la democracia. Acerca instituciones y personas. Aclara, orienta y construye confianza pública. Y permite que la justicia sea entendida como un bien democrático que protege derechos y acompaña vulnerabilidades.

El país vive un proceso transformador que ha exigido visión, disciplina y compromiso ético con el tiempo de las personas. Lo que hace unos años parecía un horizonte lejano, hoy es una realidad: la mora judicial alcanza sus niveles históricos más bajos; más del 80% de los tribunales están al día; la firma digital forma parte de la vida diaria del sistema; las audiencias virtuales ampliaron el acceso y optimizaron el tiempo; la Juriteca permite consultar decisiones desde un Juzgado de Paz hasta la Suprema Corte; y miles de usuarios acceden al portal digital para consultar, depositar y dar seguimiento a sus expedientes

Estos avances fortalecen el Estado de derecho y consolidan una justicia que garantiza derechos, da seguridad y sostiene la estabilidad democrática del país. Ese es el espíritu del Plan Justicia del Futuro 2034: una justicia al día, centrada en las personas, garante de la dignidad, la libertad y la igualdad. Una justicia que acompaña el progreso del país y refuerza la arquitectura democrática que sostiene nuestra convivencia.

Vivimos en una época donde la velocidad se impone como norma. La exigencia de inmediatez y el flujo constante de información pueden generar interpretaciones incompletas y erosionar la confianza institucional. Frente a este contexto, la comunicación judicial debe unir claridad con profundidad. Clareza para explicar sin perder rigor. Profundidad para narrar sin simplificar en exceso.

La justicia necesita de esa pausa reflexiva que permite escuchar, ponderar y tomar decisiones con sentido humano. Esa misma pausa debe guiar la comunicación judicial: una comunicación que piensa antes de hablar, que ilumina en lugar de confundir y que fortalece la confianza en las instituciones democráticas.

Por eso, esta premiación reconoce a quienes han asumido la comunicación judicial como un acto de responsabilidad pública esencial para el buen funcionamiento de la democracia. El fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho exige instituciones fuertes y ciudadanía informada. La confianza pública no surge solo de los resultados: surge también de la comprensión.

Cuando se explica una sentencia con claridad, cuando se contextualiza un proceso, cuando se narran las razones de una decisión, se contribuye a un ecosistema de información que sostiene la democracia y evita que los vacíos informativos se llenen de especulación.

Este concurso se convierte así en un hito dentro de nuestra agenda de Justicia Abierta. Reconoce la labor de quienes dominan el oficio de informar con rigor, sensibilidad y honestidad intelectual. Su trabajo ayuda a que la ciudadanía vea la justicia no solo como un sistema, sino como una garantía democrática que protege derechos, resuelve conflictos y sostiene la confianza en el país.

Este encuentro es una invitación a seguir construyendo una cultura de comunicación judicial acorde a un país que avanza, que fortalece su institucionalidad y que, apuesta por un modelo de justicia abierto, accesible y profundamente humano. Una cultura donde la justicia se explique con lenguaje claro; donde las decisiones se entiendan sin intermediarios; donde la información pública circule con transparencia; y donde cada actor —jueces, periodistas, comunicadores, académicos— asuma su papel como custodio de la democracia y la confianza pública.

Aprovecho esta ocasión para felicitar, con sincero reconocimiento, a todas las personas galardonadas. Su trabajo demuestra que comunicar la justicia es también contribuir a la democracia. Y en esta época marcada por el espíritu de encuentro y esperanza, agradezco profundamente la labor de la prensa, de los comunicadores y de todos los participantes de esta Conferencia por su compromiso continuo con un país que valora la verdad y defiende sus instituciones.

Que esta noche sea un recordatorio del valor de la palabra justa. Del poder de la comunicación responsable. Y del compromiso que compartimos con la dignidad humana y con la fortaleza de la justicia como garantía esencial de nuestra democracia.

Sigamos construyendo juntos una justicia cercana, accesible, confiable y profundamente humana.

Muchas gracias.

En el acto, que estuvo abierto a toda la población por las plataformas Youtube, Instagram y Facebook del Poder Judicial, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, explicó que Justicia del Futuro 2034 es un plan nacido del consenso de todos los sectores de la vida nacional, jueces, juezas, servidores judiciales, representantes de los poderes públicos, actores políticos, el empresariado, sociedad civil, las academias y organismos internacionales.

Asimismo, Henry Molina indicó que cada decisión, reforma, innovación que se emprende con el Plan fortalece la democracia y consolida el estado social democrático y de derecho.

“Por eso este plan no impone una visión, convoca una conversación permanente, un mapa para la acción y un espejo de nuestra madurez institucional; su fuerza no está solo en las metas que trata, sino en los valores y principios éticos que lo sustenta, servir con integridad, actuar con responsabilidad, ejercer la función judicial con respeto y empatía”, manifestó Molina.

Durante la transmisión el presidente de la República, Luis Abinader Corona afirmó que el Plan Justicia del futuro 2034 no es simplemente un acontecimiento institucional del Poder Judicial, es un acto de madurez democrática, de visión de estado y compromiso con el porvenir del país.

“Eso es lo que verdaderamente significa hacer justicia cercana, que la ley deje de ser un papel distante y se convierta en un instrumento de dignidad, y el plan Justicia del Futuro 2034 encarna esa visión”, aseguró el mandatario.

Durante el lanzamiento virtual se realizaron varios paneles, el primero consistió en un análisis al Plan abordado por César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Carolina Mejía Gómez, alcaldesa del Distrito Nacional; Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Rolando Guzmán, exrector de INTEC, y moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la FINJUS.

La aplicación del plan a 10 años pretende modernizar la justicia mediante la digitalización total, interoperabilidad con otras instituciones y fortalecer la

independencia judicial. También humanizar el servicio mediante una Justicia centrada en la persona, con enfoque de derechos.

Igualmente persigue la sostenibilidad y resiliencia, es decir prepararse para crisis y cambios globales; así como la innovación permanente, al incorporar la Inteligencia Artificial, analítica de datos y justicia predictiva.

El plan pretende impactar en la población con mayor acceso, con una justicia más digital, rápida y cercana, reduciendo tiempos y costos; y con la transparencia y confianza, entendiendo que al planificar con visión de futuro, se fortalece la rendición de cuentas y la percepción de independencia judicial.

Ejes del Plan

Justicia del Futuro 2034 descansa en tres ejes fundamentales: Justicia Agil (0% Mora) En este eje estratégico se busca erradicar la mora judicial y asegurar decisiones dentro de los plazos establecidos, para ofrecer una justicia “justo a tiempo” basada en procesos ordenados, eficientes y de calidad.

También Justicia Accesible (100%acceso), en este eje se actúa con diligencia para que las personas en condiciones de vulnerabilidad accedan plenamente al servicio, y finalmente, Justicia Transparente (100% Transparencia), que incluye comunicación asertiva, rendición de cuentas con integridad y fomento de espacios de participación social.

Los valores que orientan la acción institucional en el contexto del Plan son: compromiso, excelencia, ejemplaridad, confianza y transparencia. Mientras que la Misión-Visión promueve una justicia al día centrada en las personas, que sea garante de la dignidad, la libertad e igualdad.

Un plan por escenarios

El Plan Justicia del Futuro 2034 marca un hito en la historia del Poder Judicial, al ser el primer plan elaborado mediante planificación por escenarios. Por primera vez, la justicia dominicana se proyecta hacia los próximos 10 años con una visión participativa, moderna y estratégica. Este plan representa un nuevo modelo de gestión judicial: abierto, inclusivo y orientado a las personas.

En el marco de este proceso, se enfatizó que los escenarios construidos no buscan predecir el futuro. Estos escenarios, elaborados mediante un trabajo colaborativo entre múltiples sectores, fortalecen el diálogo nacional, mejoran la planificación pública y apoyan la toma de decisiones, al permitir anticipar riesgos, identificar oportunidades y orientar acciones presentes de manera más informada.

Los escenarios reflejados en el plan se desarrollan en cuatro trayectorias prospectivas:

Reformas estructurales, un escenario donde el país y la justicia deciden transformarse con visión a largo plazo, con la aprobación de reformas legales y tecnológicas que agilizan procesos y fortalecen la transparencia; la construcción de tribunales dignos, accesibles y con personal capacitado; la independencia judicial se consolida y la carrera judicial gana prestigio. Asimismo, se garantizan derechos humanos y se combate de forma efectiva la delincuencia organizada y la corrupción.

Piloto Automático, es un escenario donde predomina la inercia y las políticas no cambian sustancialmente. El Poder Judicial mantiene avances parciales pero insuficientes: Reducciones menores de mora, disminución de credibilidad del sistema de justicia.

Pacto Social Vulnerable, un escenario donde el pacto social se debilita y crecen las tensiones políticas y sociales. El sistema de justicia enfrenta sobrecarga y pérdida de legitimidad: La ciudadanía pierde confianza en la justicia y en el Estado de Derecho, la mora judicial aumenta y las decisiones se perciben como manipuladas y crece el riesgo de cooptación por actores políticos y económicos.

Vulnerabilidad al impacto de un cambio geopolítico, un escenario marcado por presiones externas y crisis regionales. El Poder Judicial opera bajo una fuerte presión: aumento de migración y conflictos fronterizos saturan los tribunales; la cooperación internacional y la autonomía judicial se ven comprometidas; las políticas se endurecen y se pierden garantías para poblaciones vulnerables.

Vea aquí el Plan Justicia del Futuro 2034.

Nuestro compromiso con una justicia al día, accesible y transparente, se basa en tres pilares fundamentales: 0% mora, 100% acceso  y 100% transparencia. Estos elementos no solo fortalecen la confianza en el sistema, sino que también son clave para atraer inversiones y promover el desarrollo del país. Por ejemplo, gracias al compromiso y la colaboración interinstitucional, hemos logrado avances significativos que se reflejan en el aumento gradual y sostenido de la confianza de la sociedad en el Sistema de Justicia. Esto se evidencia en indicadores externos a nuestra institución, como los del World Justice Project. En su índice de Estado de Derecho 2023, nuestro país ascendió en 8 posiciones, colocándose en el puesto 86 de 142 países.  

Cero Mora Judicial

Nos hemos comprometido con la reducción de la mora judicial. Entre junio de 2019 y julio de 2024, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto más de 44,000 casos. Este esfuerzo se ha extendido a otros tribunales, con un 54% de los tribunales del país sin mora al cierre de junio de 2024. 

Igualmente, la aprobación de la Ley de Casación en 2023 ha sido clave en este proceso, reduciendo el tiempo de tramitación de dos años a menos de cinco meses.

Es importante destacar que no se trata solo de aumentar la eficiencia, sino también de cambiar la cultura jurídica. Hemos aumentado los acuerdos y las vías no adversariales de resolución de conflictos. Siguiendo el ejemplo de países con sistemas judiciales más eficaces, nuestro objetivo es que solo el 20% de los conflictos lleguen a etapa de juicio, o incluso menos, como ocurre en Estados Unidos.  

En nuestro país hay una tendencia a formar profesionales para el litigio y es prudente decirlo en este espacio académico: El abogado del futuro será aquel que priorice la posibilidad de acuerdos antes que prolongar el conflicto. 

100% Acceso 

La digitalización de los servicios judiciales es una herramienta vital para garantizar que todas las personas, sin importar su ubicación o condición, puedan acceder a la justicia. Con la implementación de la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales, hemos habilitado el acceso remoto a servicios judiciales y audiencias virtuales, beneficiando especialmente a aquellos en áreas remotas y a la diáspora dominicana.

La perspectiva de inclusión está también presente en el modelo de infraestructura que ha predominado en la adecuación de los distintos tribunales, avanzando hacia la visión de circuitos o ciudades judiciales. 

Por ejemplo, la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este se encuentra en un 85% de avance, Santo Domingo Oeste está previsto a terminarse en diciembre de 2025 y el proyecto de Ciudad Judicial del Distrito Nacional está en revisión para ser declarada de interés público. 

Está transformación de las infraestructuras físicas del servicio judicial, nos hacen avanzar hacia un modelo más integrado, accesible e inserto en la comunidad a la que sirve.  

100% Transparencia 

La transparencia es fundamental para generar confianza en el sistema judicial. A través del Observatorio Judicial, hemos puesto a disposición de la sociedad datos y estadísticas que permiten el seguimiento del desempeño de la justicia en tiempo real. Invitamos a las entidades académicas a colaborar con nosotros para analizar y fortalecer aún más estos datos.

En este punto, aproveché para invitar al instituto OMG y a todas las entidades académicas a hacer acuerdos que permitan que, con los datos de este Observatorio y el rigor del trabajo académico, se fortalezca el sistema de administración de justicia. 

En esa misma búsqueda por construir junto a la comunidad jurídica un legado de valor que mejore el ejercicio del Derecho dominicano, se sitúa el Anuario de Jurisprudencia. Un esfuerzo común junto a valiosos juristas que seleccionan y comentan decisiones importantes.

Fue por tanto un placer compartir este balance con los asistentes al Congreso de Derecho Contemporáneo. Es cierto que el camino que estamos recorriendo no está exento de desafíos, pero estamos convencidos de que, trabajando juntos, podemos superarlos. 

Nuestra meta es clara: una justicia que esté verdaderamente al servicio de las personas, una justicia más accesible, eficiente y transparente. 

Juntos estamos construyendo la justicia del futuro, una que garantice la dignidad de todos y todas.

El magistrado Molina, quien también ostenta la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana (2023-2025), se expresó en esos términos al participar en el acto de lanzamiento del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado- PAcCTO 2.0-, sesiones de alto nivel, ciclo de políticas compartidas de Justicia, actividad que se realiza en la ciudad de Panamá. 

Asimismo, aseguró que cooperando a ambos lados del Atlántico se logrará atacar los problemas en todos los segmentos de la cadena criminal y su tratamiento desde la gestión de los sistemas penitenciarios, hasta la prevención de la corrupción o el blanqueo de dinero, para lo cual sostuvo que es necesario diseñar y revisar estrategias a medida para mejorar los servicios judiciales y la respuesta estatal. 

“Esta nueva edición del PAcCTO tiene un valor adicional en la medida en que amplía su alcance geográfico a los países del Caribe. Para el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, del cual el Poder Judicial de la República Dominicana ostenta actualmente la Presidencia pro tempore, esta dimensión caribeña es especialmente importante, pues permitirá afinar la cooperación con nuestros países vecinos”, explicó Molina.   

Expresó tener grandes esperanzas en las iniciativas que se puedan lograr en los próximos años, gracias a la asistencia técnica del PAcCTO, especialmente en la gestión penal para delitos de alta complejidad en todas sus fases.   

Entre esos logros a alcanzar citó, desde los métodos para la elección de jueces encargados de casos de crimen organizado, la mejor forma de valorar pruebas complejas, incluyendo las electrónicas; también consolidar un banco de buenas prácticas iberoamericanas en materia de la jurisdicción especializada; así como un diagnóstico iberoamericano sobre el marco normativo en materia de lucha contra el crimen organizado.  

Entre otras metas a alcanzar, señaló la oportunidad de incorporar al Plan Iberoamericano de Estadísticas Judiciales las sentencias en materia de crimen organizado, así como debatir sobre las mejores formas de conectar el Poder Judicial con ministerios públicos, las administraciones penitenciarias y otras instituciones relacionadas con el proceso judicial del crimen organizado.    

“Con el apoyo del PAcCTO, todas estas y otras iniciativas podrán ser desarrolladas por la Cumbre Judicial Iberoamericana en su XXII Edición, para lo que estaremos trabajando entre este momento y el 2025”, explicó Henry Molina.   

En las sesiones de alto nivel ciclo de políticas compartidas de Justicia que se realiza del 12 al 13 de marzo, en Panamá, participan también Enrique Gil, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos  (Comjib);  Eduardo Casal, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp); Catarina Sarmento, ministra de Justicia de Portugal; David Vilas, director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España; y José de la Mata, presidente del BoRP de la Agencia de la Unión Europea  para la Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust), entre otras personalidades. 

Sobre PAcCTO 

El Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado. 

Fue bastante consciente, señaló la necesidad de seguir fortaleciendo la economía para poder dar sostenibilidad y amplitud a la mejoría de las condiciones de vida de la población.

Un gran respaldo. Sin lugar a dudas se trata de un reto grandísimo, sostener y aumentar el ritmo acelerado de crecimiento.

Y ampliar las posibilidades de las personas a acceder a los recursos. A propósito, en días pasados estuve invitado a un desayuno de las TIC de la Cámara Americana de Comercio.   En donde además de escuchar con atención el estado de la tecnología y el comercio electrónico en nuestro país. Allí pude conocer a mayor profundidad lo que representa el momento presente para las economías nacional y mundial. Una transformación profunda que implica, a su vez, todo un gran proceso continuo y acelerado de nuevas transformaciones.

Lo curioso es que la República Dominicana ha conocido ya los alcances de la revolución que avanza.

Falta mucho, sin embargo, de la entrada y avance de la República Digital.

Con tantas posibilidades como ideas sean posibles para quienes tienen herramientas tecnológicas a su alcance. El avance de la era digital ha determinado un cambio en todos los aspectos y formas de relacionarnos.

Supone la generación de mecanismos nuevos y cambiantes para contactar compradores, para mostrar destrezas, para insertar esquemas de intercambio en la red.

Para unir esfuerzos, la digitalidad trae nuevos esquemas. No es posible comprender la red sin entender la ética ‘hacker’. Que asume el espacio digital como espacio de relacionarse compartiendo. Asumiendo el intercambio de información y conocimiento como parte del juego digital.

La ganancia está en la capacidad de armonizar. Por eso la sincronización de respuestas a los cambios que requiere el presente y el futuro, vienen de la mano de una doble apuesta por las alianzas público-privadas.

Esta fi gura jurídica ha sido clave para el desarrollo en países como Inglaterra o Perú. Con resultados positivos, debido a que se combinan los consensos necesarios para asegurar el alcance de las políticas, al tiempo que se adecúan las acciones a los tiempos urgentes del cambio. Pero además requiere de apuestas que puedan adaptar los recursos humanos a las demandas de los mercados.

Que ahora serán más diversas y al alcance de la sociedad.

Invertir en infraestructura de banda ancha con el objetivo de asegurar cualquier tipo de intercambio económico vía Internet es un compromiso de INDOTEL y el Gobierno dominicano.

Convertir las facilidades ‘Tech’ en herramientas de inclusión aportando al empuje de la economía digital, es el sueño de muchos. Pasar de usuarios del ocio a hacer vida digital en la internet de las cosas, es el reto de todos los dominicanos y dominicanas. Y nosotros tenemos el empeño de que cada cual pueda desarrollar las herramientas para aprovechar las oportunidades. Para universalizar los servicios, expandir los negocios y el crecimiento y mejorar la vida de la gente. Juntos, sector público, sector privado y ciudadanía en general, vamos a potenciar la República Digital.

Presidente del Consejo Directivo de INDOTEL

Luis Henry Molina

Ciudadanía es apostar activamente por la mejoría de las condiciones de vida. Hacerlo en primera persona y en colectivo. Hacer alianzas para lograrlo. Construir puentes con otras personas o causas. Hacer posible los objetivos propios tejiendo proyectos, buscando espacios para insertarlos. Ese es el espíritu de la democracia de este siglo. La que enfrenta grandes peligros, pero cuenta con ciudadanos dispuestos a los desafíos. La que permite a las personas desarrollarse con cada vez menos limitaciones, e incentiva un espacio de bienestar a través de los servicios.

Nada distinto a esto buscamos incentivar en los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. La información a la mano de los usuarios, el conocimiento de nuestros derechos y deberes, es una apuesta por la ciudadanía. Un compromiso que se une a nuestros trabajos por la universalización del acceso a la red. En el Consejo de Indotel hay consenso sobre la necesidad imperiosa de la digitalización de nuestras instituciones públicas y privadas. De la importancia del acceso digital para la productividad del país.

Vamos a seguir trabajando de la mano con las empresas reguladas en busca de más vías para seguir visibilizando al usuario. Porque un ciudadano consciente de sus derechos y empoderado de sus obligaciones, es ya un reproductor de cultura para un país distinto. Queremos que cada vez más usuarios sean conscientes de sus derechos y los exijan. Esto resultará en más trabajo para todos. Pero mientras mejor es el servicio mejor es el mercado. Mientras más competencia y más productividad mejores condiciones para el bienestar de nuestra gente.

La Carta de Derechos y Deberes de los usuarios de telecomunicaciones es un paso más hacia el usuario consciente que requiere la República Digital. Buscamos que sea un abono hacia nuestra preparación para la era de la inteligencia artificial. Un futuro cercano que requiere de ciudadanos cada vez más activos y conectados.

Ya hace décadas autores como Norberto Bobbio, Robert Dahl y James Fishkin nos guiaron hacia una visión de la democracia como mucho más que un régimen competitivo basado en el escrutinio electoral, definiendo con claridad que, trascendiendo la selección del liderazgo resultante de las elecciones entre partidos, la democracia constituye un sistema de deliberación y producción de consensos, de acuerdos sociales en la que la armonización de intereses contrapuestos o simplemente diversos mediante el juego de la negociación y la integración en la agenda de gobierno de puntos de vista que no son plenamente representados por la arquitectura del sistema de partidos.

La integración de todos los puntos de vista posibles en una agenda de gobierno es un arte que va mucho más allá de ganar elecciones, sin descontar que éste es un hito fundamental en la gobernabilidad y la legitimidad.

Desde esta perspectiva, integrar la agenda de la sociedad civil (que no es un conglomerado homogéneo ni una membresía como si lo es la adhesión partidaria sino que representa una diversidad a veces contradictoria de puntos de vista), construir grandes consensos sociales, antes que ser una debilidad o un error es un paso de avance para lograr un sistema político más plural, con niveles de legitimidad y capacidades de generación de consenso que no han sido precisamente una característica de nuestra sociedad.
Conectar con la sociedad civil no es una debilidad, sino una fortaleza.

Artículo publicado en Santo Domingo en fecha 16 de abril de 2015 en el periódico El Día y en fecha 17 de abril de 2015 en Noticias SIN.

El 48% de la población dominicana tiene menos de 18 años, esto implica que nuestro progreso económico y social esta íntimamente relacionado con las políticas y acciones dirigidas este segmento.

El país ha venido avanzando en materia de protección de los derechos fundamentales de su población mas joven. No obstante, resulta necesario continuar los esfuerzos en mater ia de salud y educación.

La mortalidad neo-natal, que representa cerca del 70% de las muertes infantiles, se ha mantenido estancada por dos décadas, con una tasa de 22 x 1000 nacidos vivos. Esta tasa responde a causas en su mayoría prevenibles, lo que reclama mejoras urgentes en el Sistema de Salud en materia de vigilancia.

En cuanto a la educación, el país cuenta con una alta asistencia (tasa neta de 92%, a partir del 2006), sin embargo el 26% de la población de 5 años está fuera del nivel pre-escolar obligatorio. El 48% de las mujeres y el 63% de los varones de 13 a 17 años no asisten a la secundaria, cifra que aumenta al 75% de las mujeres y al 85% de los varones en la zona fronteriza. El porcentaje de alumnos con edad superior al promedio es del 12% en la primaria y del 21% en la secundaria.

La pobreza, la carencia de partidas de nacimientos para asistir a la secundaria, la violencia en el hogar y fuera de él, el embarazo precoz y el abandono del hogar, son factores muy concretos que generan rupturas insalvables entre los jóvenes y la escuela.

La próxima generación requiere de un país con estabilidad y progreso económico, pero también donde haya mayores oportunidades para el desarrollo y mejor atención sanitaria.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 19 de Diciembre del 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana 

El Programa de Gobierno presentando por Danilo Medina el pasado 11 de abril es la culminación de un proceso que se inició hace más de dos años, cuando Danilo empezó a formar equipos técnicos a los que le asignó la tarea de diseñar, en base a su visión, una propuesta coherente, participativa y realizable para guiar los designios del país durante el próximo cuatrienio.

Yo tuve el honor de formar parte de aquellos primeros núcleos técnicos y los he visto crecer con la incorporación de los mejores talentos con que cuenta la nación. A la hora de su presentación, veinticinco comisiones técnicas y más de doscientos expertos habían colaborado en la elaboración del Programa de Gobierno de Danilo Medina y el Plan de Acción para llevarlo a cabo.

Numerosas horas de trabajo se han invertido en conformar una propuesta en la cual se condensan las ideas, iniciativas y reclamos de todos los sectores de la sociedad. Como expresara el propio Danilo “este programa de Gobierno no esconde sorpresas porque está hecho con coherencia y seriedad.”

Publicado en Santo Domingo, fecha, 18 de abril del 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana

Grandes obras de la literatura como “Los Miserables”, de Víctor Hugo, retratan ese rol de las cárceles y las autoridades policiales y judiciales como engranajes de un aparato de sometimiento y administración del castigo, del dolor.

El desarrollo y la expansión de la democracia como sistema político y de inclusión social vino a renovar y refundar la legalidad, el derecho y el sistema penal, y, en la última etapa, sobre todo allí donde las prácticas y la cultura democrática están más afianzadas, los sistemas penitenciarios.

La universalización de los derechos humanos, de los principios democráticos, ha conllevado la paulatina reforma de la justicia, la policía y el sistema carcelario en muchos países en los que persiste un alto grado de exclusión social.

La insuficiencia de democracia social y económica limita el desarrollo y funcionamiento de un estado democrático de derecho, pues las garantías y cumplimiento de los pactos sociales son precarias.

La promoción de una cultura de legalidad democrática exige que el desarrollo social y económico alcance a las grandes mayorías. Por eso la lucha contra la pobreza y la exclusión constituye la base del desarrollo democrático y de la cohesión social.

Hay que exigir el cumplimiento de la ley, la superación de la impunidad y de la corrupción.

Eso aumentará la credibilidad y legitimidad entre todos los sectores de la sociedad, pero en la base de todo se encuentra la promoción de mayor equidad, de un compromiso que incluya también los derechos económicos y sociales.

Publicado en Santo Domingo, fecha 15 Junio 2011, ver publicación en artículo del periódico