Hace apenas unos minutos levantaron su mano (derecha) y pronunciaron un juramento, un gesto sencillo que duró unos segundos.

Hay decisiones que nos cambian la vida, y ésta es una de ellas. Porque si bien un título acredita lo que una persona sabe, un juramento compromete lo que una persona es.

Hasta hace unos minutos sólo eran licenciados en Derecho. Pero desde este instante son abogados y abogadas de la República Dominicana. Para algunos podría parecer un cambio de nombre. Sin embargo, es mucho más que eso: es un cambio de responsabilidad.

Desde hoy habrá personas que depositarán en ustedes sus libertades, su patrimonio, sus conflictos familiares, sus proyectos, sus derechos y, muchas veces, sus mayores temores. Habrá ciudadanos que confiarán en ustedes cuando sientan que todo lo demás ha fallado. Y esa confianza no se gana con un diploma. Se honra con una vida.

Por eso, lejos de marcar el final de una formación académica, esta ceremonia señala el inicio de una responsabilidad pública.

El puente entre generaciones y el desafío tecnológico

Hoy celebramos también la trayectoria del magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Además de reconocer su carrera ejemplar, su vida representa el puente entre dos generaciones de juristas.

En 1967 recibió su título de doctor en Derecho. Ese mismo año yo nacía. Mientras él comenzaba su vida profesional, comenzaba también mi propia historia… y para mí es un privilegio que hoy nos encontremos aquí.

Don Amadeo Julián representa una generación que nos entrega una herencia. Ustedes representan otra que deberá decidir qué hacer con ese legado. Entre 1967 y 2026, más allá de los cambios de fecha en el calendario, ha cambiado el mundo.

El magistrado Julián comenzó su carrera en el tiempo del expediente físico, de las bibliotecas jurídicas, de la consulta paciente de los códigos, de las notas manuscritas y del estudio silencioso. Ustedes la comienzan en la era del expediente en línea, de la gestión del conocimiento digital, de las audiencias virtuales, de la firma electrónica y de la inteligencia artificial.

Sería fácil pensar que la diferencia entre ambas generaciones está en las herramientas con que cuentan. Creo que es más que eso. La verdadera diferencia está en las preguntas que cada época obliga a responder.

La generación del magistrado Amadeo Julián tuvo que crear y consolidar instituciones democráticas. La de ustedes deberá preservar la dignidad humana en tiempos en los que la transformación es más rápida que nuestra capacidad para asimilarla. Este es el desafío de su tiempo. Y también su oportunidad.

Durante siglos, los abogados fueron valorados por la información que podían recordar, por la biblioteca que poseían o por el acceso que tenían al conocimiento jurídico. Ustedes pertenecen a la primera generación para la cual la información dejará de ser la principal ventaja profesional.

Con las directrices humanas correctas, la inteligencia artificial encontrará normas. Encontrará precedentes. Comparará contratos. Organizará expedientes. Redactará borradores. Realizará en segundos tareas que antes requerían días de trabajo.

Pero hay algo que jamás podrá hacer. Nunca podrá prestar un juramento. Nunca podrá responder moralmente por una decisión. Nunca podrá asumir la responsabilidad de una firma. Nunca podrá comprender el miedo de quien enfrenta un proceso penal, la incertidumbre de una familia que espera una sentencia o la angustia de quien siente amenazada su dignidad.

Porque la inteligencia artificial puede procesar información, pero la conciencia responde por las personas. Esa es la diferencia que seguirá definiendo esta profesión. La herramienta puede asistir, mientras que la responsabilidad seguirá siendo humana.

El papa León XIV, en su encíclica Magnifica Humánitas, advierte que el verdadero desafío de la inteligencia artificial no consiste únicamente en desarrollar máquinas más inteligentes, sino en evitar que los seres humanos renunciemos a nuestra propia humanidad. Más allá de cualquier convicción religiosa, esa afirmación contiene una verdad universal.

Cuanto mayor sea nuestro poder, mayor deberá ser nuestra responsabilidad. Cuanto más rápidas sean nuestras herramientas, mayor deberá ser nuestra prudencia. Y cuanto más capaces sean nuestras máquinas, más necesario será recordar que ninguna innovación tiene sentido si olvida al ser humano.

Ésta ha de ser la ética de su generación. Custodiar la verdad frente a la desinformación. Custodiar la confidencialidad frente al poder de los datos. La igualdad frente a los sesgos. El debido proceso frente a la presión de la inmediatez. Y custodiar, por encima de todo, la dignidad de cada persona.

La justicia: confianza y servicio a la República

Cada generación es recordada por las herramientas que inventó. Pero la historia juzga a las generaciones por aquello que decidieron proteger con esas herramientas. Nosotros debemos decidir proteger la dignidad humana. Ésa es la razón por la que existe el Derecho. Ésa es la razón por la que existe la justicia. Y ésa es la razón por la que hoy ustedes han prestado juramento.

Con frecuencia decimos que la justicia existe para resolver conflictos. Es verdad. Pero ese decir es insuficiente. La justicia existe para algo todavía más importante. Existe para hacer posible la confianza.

La confianza de que la ley estará por encima de la fuerza. De que quien tiene poder deberá explicar cómo lo ejerce. De que toda persona será escuchada antes de ser juzgada. La confianza de que la dignidad humana no dependerá de la riqueza, de la influencia ni de la posición social.

Cada sentencia resuelve un caso. Pero también educa a una sociedad. Cada abogado íntegro fortalece la confianza pública. Cada juez independiente fortalece la democracia. Cada servidor judicial respetuoso fortalece la dignidad de las personas.

Porque la justicia no solo administra únicamente procesos, administra confianza. Y allí donde crece la confianza, también crece la libertad.

Por eso la profesión que hoy abrazan es mucho más que una actividad técnica. Es una forma de servicio a la República.

El legado del magistrado Amadeo Julián y la ética de la nueva generación

El homenaje que hoy rendimos al magistrado Amadeo Julián tiene precisamente ese significado. Su legado no reside solamente en los cargos que ocupó ni en las responsabilidades que ejerció. Reside, sobre todo, en una manera de entender el Derecho.

Estudiar antes de opinar. Comprender antes de juzgar. Servir antes de presumir.

En un tiempo que premia la inmediatez, su trayectoria nos recuerda el valor de la profundidad. En un tiempo que confunde visibilidad con prestigio, nos recuerda que las instituciones se construyen muchas veces desde el trabajo silencioso.

Y en un tiempo que parece fascinado por la velocidad, nos recuerda que la prudencia sigue siendo una de las virtudes más altas de la justicia. (Gracias por tanto Don Amadeo)

Honrar el juramento con la vida

Abogadas y abogados:

Habrá días en que ejercer esta profesión será difícil. Habrá derrotas. Frustraciones. Habrá momentos en que parecerá más rentable acomodarse que mantenerse firme.

Cuando llegue ese día —porque llegará— recuerden este momento. Recuerden que detrás de cada expediente existe una persona. Que detrás de cada conflicto existe una historia. Y que detrás de cada decisión existe una vida que puede cambiar para siempre.

Nunca permitan que la rutina les robe la capacidad de conmoverse. Que la técnica sustituya a la conciencia.  Que la velocidad sustituya a la prudencia. Ni que el éxito sustituya al servicio.

Porque el Derecho no es una profesión para quienes buscan únicamente prosperar. Es una vocación para quienes deciden hacerse responsables de la libertad y de la dignidad de los demás.

Les recuerdo que hace unos minutos pronunciaron un juramento. Quizá algún día ya no recuerden las palabras exactas. Pero habrá personas que sí sabrán si ese juramento fue verdadero.

Lo recordará la mujer que llegue a su oficina buscando protección. El niño que pudo ejercer sus derechos gracias a su trabajo. El empresario que deposite en ustedes su confianza. El juez que lea un escrito firmado por ustedes. Lo recordará la sociedad cada vez que ustedes decidan decir la verdad cuando resulte incómodo, defender la dignidad cuando parezca difícil y poner el Derecho por encima de cualquier interés.

Porque los juramentos no se cumplen con la voz. Se cumplen con la vida.

Y cuando, dentro de muchos años, su carrera termine, ojalá puedan mirar hacia atrás y decir, con la serenidad de quien ha sido fiel a su vocación:

“Las personas confiaron un poco más en la justicia porque yo ejercí el Derecho con responsabilidad.”

Si pueden decir eso, habrán honrado al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Habrán honrado a la Suprema Corte de Justicia. Habrán honrado a la República. Y, sobre todo, habrán honrado el juramento que hoy han pronunciado.

Muchas gracias

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, exhortó este jueves a las nuevas abogadas y abogados de la República Dominicana a asumir el ejercicio profesional como una responsabilidad pública orientada a proteger la libertad, la dignidad humana y la confianza de la sociedad en la justicia. 

Durante el acto de juramentación de 1,239 profesionales del derecho, celebrado en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, dedicado al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano, Molina sostuvo que la nueva generación de profesionales del Derecho inicia su trayectoria en un momento de profundas transformaciones tecnológicas, en el que el acceso a la información dejará de constituir la principal ventaja competitiva de los abogados. 

Explicó que herramientas como la inteligencia artificial ya poseen la capacidad de localizar normas y precedentes, comparar contratos, organizar expedientes y producir borradores en pocos segundos. Sin embargo, subrayó que ninguna tecnología puede prestar juramento, responder moralmente por una decisión, asumir la responsabilidad de una firma ni comprender plenamente la angustia de las personas cuyos derechos, libertades o proyectos de vida dependen de un proceso judicial. 

“La inteligencia artificial puede procesar información, pero la conciencia responde por las personas”, expresó Molina. Afirmó que el valor diferencial de los profesionales del Derecho estará cada vez menos en la acumulación de información y más en su capacidad para discernir, actuar con integridad, comprender el impacto humano de sus decisiones y rendir cuentas por ellas. 

El planteamiento se inscribe en la visión del Plan Justicia del Futuro 2034, que concibe la transformación judicial no solo como modernización tecnológica, sino como un cambio institucional y cultural centrado en las personas. Esta hoja de ruta establece que la innovación solo adquiere sentido cuando mejora el servicio, amplía el acceso, reduce las demoras, fortalece la transparencia y protege la dignidad de quienes acuden al sistema de justicia. 

Molina advirtió que el avance tecnológico debe ir acompañado de una ética más exigente. A mayor capacidad de las herramientas, señaló, mayor debe ser la responsabilidad de quienes las utilizan; y cuanto más rápida sea la respuesta tecnológica, más necesaria será la prudencia para examinar sus consecuencias. La innovación pierde legitimidad cuando convierte la eficiencia en un fin desligado de los derechos fundamentales. 

En ese contexto, identificó como deberes esenciales de la nueva generación de juristas la defensa de la verdad frente a la desinformación, la protección de la confidencialidad ante el poder creciente de los datos, la preservación de la igualdad frente a los sesgos tecnológicos y la garantía del debido proceso ante la presión de la inmediatez. Por encima de estos compromisos, colocó la obligación de custodiar la dignidad de cada persona. 

Asimismo, sostuvo que la justicia no existe únicamente para resolver conflictos. Su función más profunda consiste en hacer posible la confianza: la certeza de que la ley se encuentra por encima de la fuerza; de que quien ejerce poder debe explicar y justificar sus decisiones; de que toda persona tiene derecho a ser escuchada antes de ser juzgada; y de que la dignidad no depende de la riqueza, la influencia o la posición social. 

“Cada sentencia resuelve un caso, pero también educa a una sociedad”, afirmó. Añadió que la actuación de cada integrante del sistema produce consecuencias institucionales que trascienden el expediente particular. Un abogado íntegro fortalece la confianza pública; un juez independiente fortalece la democracia; y un servidor judicial respetuoso reafirma el valor de las personas que acuden a los tribunales. 

Molina indicó que el sistema judicial administra procesos, pero también administra confianza. Por esa razón, el ejercicio de la abogacía no puede ser concebido exclusivamente como una actividad técnica, una vía de prosperidad personal o un medio para obtener reconocimiento. Se trata de una forma de servicio a la República y de una vocación que compromete a cada profesional con la libertad y la dignidad de los demás. 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que el verdadero cumplimiento del juramento profesional no será medido por las palabras pronunciadas durante la ceremonia, sino por la conducta sostenida a lo largo de los años. Ese compromiso será evaluado por la mujer que busque protección, por el niño cuyos derechos puedan ser garantizados, por el empresario que deposite su confianza en un profesional, por el juez que reciba un escrito firmado con responsabilidad y por la sociedad que observe la actuación de sus abogados. 

Al concluir, el juez presidente expresó que la aspiración más elevada de una carrera jurídica no debe ser únicamente alcanzar posiciones, reconocimiento o éxito económico, sino contribuir a que las personas confíen más en la justicia. Ese resultado, indicó, representa la medida más auténtica del servicio prestado a la sociedad. 

El próximo jueves, una nueva generación de abogadas y abogados prestará juramento ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Será una ceremonia breve: unas palabras pronunciadas con solemnidad, una mano levantada, un compromiso asumido públicamente… hay actos que duran apenas unos segundos y obligan durante toda una vida.

Ese es el verdadero significado del juramento. Desde ese instante, el ejercicio del Derecho deja de ser únicamente una profesión para convertirse en una responsabilidad pública.

La sociedad entrega a los abogados algo más valioso que un caso: les confía su libertad, su patrimonio, sus conflictos familiares, sus proyectos y, muchas veces, sus mayores temores. Por eso, la abogacía consiste en defender intereses legítimos y, sobre todo, en hacer posible la convivencia dentro de la ley. Cada juramento fortalece la confianza pública en el Estado de Derecho.

La audiencia solemne del próximo jueves estará dedicada al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Su trayectoria representa mucho más que una carrera ejemplar: representa el puente entre dos generaciones de juristas.

Cuando inició su ejercicio profesional, el trabajo jurídico transcurría entre expedientes físicos, bibliotecas y el estudio paciente de los códigos. Quienes hoy ingresan a la profesión lo hacen en un tiempo de expedientes digitales, audiencias virtuales, firma electrónica e inteligencia artificial.

Las herramientas evolucionan. Los principios permanecen.

Durante siglos, el prestigio del abogado descansó, en buena medida, sobre el acceso privilegiado al conocimiento jurídico. Esa realidad está cambiando. La información será cada vez más abundante y accesible. El verdadero valor diferencial será el criterio para interpretarla, la prudencia para aplicarla y la integridad para responder por sus consecuencias.

La inteligencia artificial podrá localizar precedentes, analizar normas, comparar contratos y elaborar borradores con una velocidad extraordinaria. Pero el juramento pertenece a la persona. La responsabilidad moral corresponde a quien decide. Y el honor acompaña únicamente a quien firma.

Cuanto más poderosa sea la tecnología, más imprescindible será el criterio humano.

Ese será, probablemente, el gran desafío ético de esta generación: utilizar herramientas cada vez más capaces preservando aquello que las hace legítimas: la verdad, la independencia, el debido proceso y la dignidad de las personas.

La justicia existe para resolver conflictos y, sobre todo, para hacer posible la confianza: la confianza de que la ley estará por encima de la fuerza; de que quien ejerce poder deberá responder por sus decisiones; de que toda persona será escuchada antes de ser juzgada; de que la dignidad humana será reconocida con independencia de la riqueza, la influencia o la posición social.

Cada sentencia resuelve un caso. Cada abogado íntegro fortalece una institución. Cada actuación ética consolida la confianza pública. Allí donde la confianza crece, también se fortalece la democracia.

Vivimos una época en la que la velocidad suele confundirse con el progreso y la visibilidad con el prestigio. Y, aun en medio de esa transformación, las instituciones siguen edificándose mediante el estudio, la prudencia, la independencia y el servicio.

Por eso, el mejor homenaje que podemos rendir al magistrado Amadeo Julián trasciende el reconocimiento de su trayectoria. Consiste en recordar que las generaciones son juzgadas por los principios que preservan cuando cambian las herramientas.

El próximo jueves veremos unas manos levantarse durante apenas unos segundos. Parecerá un gesto sencillo. En realidad, inaugura una responsabilidad para toda la vida. En ese instante comenzará una promesa que deberá renovarse cada día, en cada consulta, en cada escrito, en cada audiencia y en cada decisión profesional.

Porque los juramentos comienzan cuando se pronuncian y se honran cada día con la vida.

Y quizá, al final de una vida profesional, la mayor aspiración de un abogado pueda resumirse en una sola frase: “las personas confiaron un poco más en la justicia gracias a mi ejercicio responsable del Derecho”.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO

 El juramento del siglo XXI

El pasado 15 de julio, quince juristas dominicanos asumieron formalmente esa responsabilidad. Detrás de cada designación hay esfuerzo, mérito, formación y una historia muy humana. Pero también hay algo más esencial: la confianza que la República deposita en quienes, desde ahora, tendrán en sus manos la libertad, el patrimonio, el honor y el futuro de muchas personas.

La carrera judicial dominicana descansa sobre una arquitectura institucional construida para proteger la independencia judicial. La reforma constitucional de 1994 otorgó al Poder Judicial la facultad de designar sus jueces. Luego, la Constitución de 2010 consolidó el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura como parte esencial del sistema de ingreso y formación. No se trata de formalidades. El concurso público, la formación especializada y el mérito son garantías concretas para la ciudadanía.

La independencia judicial no es un privilegio del juez. Es un derecho de las personas.

Significa que quien acude a un tribunal debe poder confiar en que será escuchado sin favoritismos, sin presiones externas y sin que importen su origen, sus recursos, su posición social o el ruido que pudiera rodear su caso. Ante el juez, todos deben ser iguales. Esa igualdad no puede quedarse en el lenguaje de la Constitución; debe sentirse en cada audiencia, en cada trato y en cada sentencia.

Por eso la toga tiene un significado tan profundo. No es un ornamento ni una pieza ceremonial. Es un recordatorio permanente de que quien la viste debe subordinar sus opiniones, sus temores, sus simpatías y sus sesgos personales a la Constitución, la ley y la conciencia. La toga exige igualdad, neutralidad y responsabilidad.

Neutralidad no significa indiferencia. Un juez imparcial no es un juez distante del sufrimiento humano. Al contrario, debe comprender la realidad que existe detrás de cada expediente. Detrás de un caso hay una vida detenida, una familia en incertidumbre, una persona que busca amparo, una comunidad que espera una respuesta legítima.

Durante años hemos insistido en que una justicia lenta pierde el derecho a su nombre. La mora judicial no es un problema estadístico; es tiempo de vida perdido. Por eso, cada nuevo juez y cada nueva jueza se incorporan también a una gran causa nacional: consolidar una justicia pronta, cercana, comprensible y al día.

La justicia del futuro es más que tecnología, infraestructura o nuevos procesos. Se construye, sobre todo, con una cultura judicial capaz de escuchar mejor, decidir con prudencia y explicar con claridad. La pedagogía de la justicia es hoy una responsabilidad institucional. Una ciudadanía que comprende el valor del debido proceso y de la independencia judicial está mejor preparada para defender el Estado de derecho.

Ese es también el sentido del plan Justicia del Futuro 2034. Hay que ir al territorio, escuchar a jueces y servidores judiciales, conocer las necesidades reales de cada comunidad y mejorar desde la experiencia cotidiana del servicio.

La justicia debe aprender de quienes la hacen posible todos los días.

El respeto a la investidura judicial no se impone. Se gana con sentencias sólidas, con templanza en las audiencias, con trato digno y con rectitud en la vida pública y privada. La autoridad que verdaderamente importa no nace del cargo, sino de la confianza que inspira quien lo ejerce.

A quienes el pasado miércoles ingresaron a la carrera judicial les corresponde honrar esa confianza. Espero que cada ciudadano que entre a su tribunal pueda sentir que ha llegado a un lugar donde será escuchado con respeto, donde las razones importan y donde la dignidad humana ocupa el centro.

Porque juzgar va más allá de administrar expedientes. Es servir a la República desde una de sus responsabilidades más altas: hacer que la justicia sea, para cada persona, una experiencia de protección, equilibrio y humanidad.

Hace doscientos cincuenta años nació una gran nación. Lo que convirtió a Estados Unidos en una referencia del constitucionalismo moderno no fue únicamente su independencia, sino la convicción de que incluso el poder nacido de las mayorías debía encontrar límites en el derecho. Esa es la gran lección que Alexis de Tocqueville descubrió al recorrerlo en 1831 y que hoy, en medio de una inusual polarización política, recobra vigencia.

Tocqueville llegó a Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario. Sin embargo, tras visitar 17 estados en nueve meses, comprendió que su verdadera singularidad descansaba en la responsabilidad cívica de sus ciudadanos y en una compleja arquitectura institucional y cultural, integrada por jueces independientes y una firme confianza en su Estado de derecho.

Su intuición se convirtió en una de las contribuciones más importantes al pensamiento constitucional moderno, porque centró la conversación en una pregunta fundamental: ¿quién le recuerda a los gobernantes que existen límites que ni siquiera las mayorías pueden traspasar?

Ese es el debate permanente entre dos concepciones de la democracia:

1. La concepción plebiscitaria según la cual el mandato electoral constituye la fuente casi exclusiva de legitimidad política y la voluntad mayoritaria debe prevalecer con el menor número posible de restricciones institucionales; y

2. La democracia constitucional, que plantea la necesidad de una separación de funciones que puedan establecer límites al poder. Según esta concepción si un Estado no cuenta con instituciones fuertes y jueces independientes, la Constitución termina convirtiéndose en un texto sin fuerza normativa.

La legitimidad de los tribunales no proviene de coincidir con las mayorías ni de enfrentarlas sistemáticamente, sino de aplicar la Constitución y la ley con independencia e imparcialidad. En este sentido se expresó el Chief Justice de Estados Unidos, John Roberts, al recordar a la nación que no existen “jueces de Obama o jueces de Trump”, sino jueces llamados a decidir conforme al derecho. Esta no es una defensa corporativa del Poder Judicial; es una defensa de la arquitectura constitucional que hace posible la convivencia democrática.

Tocqueville, al estudiar el sistema estadounidense, observó que los jueces poseían un inmenso poder político, pero se percató del mecanismo que impedía convertir ese poder en una forma de gobierno judicial: Los jueces no podían actuar por iniciativa propia ni revisar abstractamente las decisiones del legislador, sólo podían pronunciarse cuando un caso concreto llegaba ante ellos (y dentro de sus límites). Esa autocontención es la fuente de su legitimidad.

El juez disciplina al poder político para que prevalezca la Constitución y la ley. Por eso Tocqueville afirmaba que la facultad de declarar inaplicable una ley incompatible con la Constitución constituía una de las barreras más poderosas jamás levantadas contra la tiranía de las mayorías.

Pero su principal hallazgo fue reconocer que la independencia judicial depende también de una cultura política.

Depende de ciudadanos capaces de aceptar que un juez pueda “decir no” al poder cuando la Constitución y la ley así lo manden, y de jueces conscientes de que la autoridad moral de sus decisiones se construye por la calidad de sus argumentos y por la prudencia con que ejercen su función.

En ese contexto, la independencia judicial suele confundirse con un privilegio corporativo o con un obstáculo para la voluntad popular. La independencia judicial no busca proteger a los jueces, sino a los ciudadanos y al propio Estado de Derecho. Protege especialmente a quienes un día necesitarán que un tribunal sea capaz de aplicar la Constitución y la ley incluso cuando resulte impopular.

La fortaleza de un Estado constitucional nunca se mide cuando los tribunales confirman las decisiones del poder. Se mide cuando tienen la serenidad y la independencia necesarias para limitarlo.

Sin embargo, Tocqueville fue todavía más lejos. Comprendió que la libertad política no se sostiene únicamente por el diseño de las instituciones, sino por las costumbres que las hacen posibles.

Y esta es, desde mi visión, la verdadera lección que deja el 250 aniversario de la independencia estadounidense. No afirmamos que la norteamericana sea una democracia perfecta. Tampoco se trata de idealizar a su Poder Judicial. La Constitución ordena la política; los jueces preservan su integridad; pero son las costumbres constitucionales de una sociedad las que terminan sosteniendo tanto a la democracia como a sus instituciones.

Una democracia sin jueces independientes puede conservar elecciones. Puede conservar gobiernos elegidos. Puede incluso conservar constituciones escritas. Pero puede perder algo más valioso: la confianza de los ciudadanos en que el derecho es más fuerte que el poder. Y cuando una sociedad deja de creer la democracia comienza a perder su libertad.

Las constituciones crean instituciones, pero la cultura constitucional las mantiene vivas.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO:

La cultura constitucional sostiene la democracia

En una cultura que suele asociar el liderazgo con la capacidad de resistir más, trabajar más y asumir más responsabilidades (la sociedad del cansancio, en palabras de Byung-Chul Han) resulta refrescante encontrar voces que invitan a mirar el fenómeno desde otra perspectiva.

Recientemente leí la entrevista La terapia del liderazgo (sano), realizada por Natalia Nachón a la psicóloga clínica Dianne Bisonó y publicada en Santo Domingo Times (mayo-junio de 2026). En ella, Bisonó reflexiona sobre los costos emocionales del liderazgo, especialmente cuando este se ejerce desde el control, la necesidad de ser indispensable o la incapacidad de establecer límites. Mientras avanzaba en la lectura, no podía evitar relacionar muchas de sus ideas con los desafíos que acompañan los procesos de transformación institucional y, particularmente, con la experiencia de quienes tenemos la responsabilidad de servir desde organizaciones públicas.

El liderazgo no consiste en sostenerlo todo

Quizás una de las ideas más provocadoras de la entrevista es que el desgaste comienza cuando una persona asume responsabilidades que no le corresponden.

En las organizaciones públicas existe con frecuencia la tentación de convertir al líder en el centro de todas las decisiones, de todos los conflictos y de todas las soluciones. A primera vista puede parecer una demostración de compromiso. Sin embargo, con el tiempo genera dependencia, reduce la iniciativa de los equipos y termina debilitando la institución.

Las organizaciones sólidas no se construyen alrededor de una persona. Se construyen alrededor de equipos, capacidades, procesos y principios compartidos. Un sistema fuerte no necesita héroes permanentes; necesita personas que comprendan la misión institucional, la hagan propia y contribuyan a ella desde el ámbito de sus responsabilidades.

Conducir no es controlar

Dianne Bisonó advierte que muchos líderes terminan emocionalmente agotados porque intentan controlarlo todo. Esta observación tiene especial relevancia para quienes dirigimos instituciones complejas.

En el Poder Judicial, por ejemplo, la independencia de jueces y juezas constituye una condición esencial para garantizar los derechos de las personas. Esa independencia exige que quienes ejercemos funciones de dirección creemos las condiciones adecuadas para el trabajo, definamos objetivos, fortalezcamos capacidades y generemos confianza. No corresponde dirigir las decisiones que la Constitución y la ley reservan a cada juez; corresponde fortalecer la institución para que esas decisiones puedan adoptarse con autonomía, responsabilidad y apego al derecho.

Conducir una organización compleja supone, precisamente, desarrollar personas e instituciones capaces de actuar con responsabilidad. La confianza no sustituye la exigencia; la hace posible.

El verdadero liderazgo desarrolla a otros

Otra de las ideas centrales de la entrevista es que el liderazgo sano permite que otros desarrollen su potencial. Yo añadiría que esa es una de sus principales responsabilidades.

Toda transformación institucional plantea una pregunta decisiva: ¿estamos concentrando capacidades o las estamos expandiendo?

Con frecuencia medimos el liderazgo por la cantidad de problemas que una persona resuelve. Sin embargo, la madurez de una organización comienza a hacerse visible cuando sus integrantes desarrollan las capacidades necesarias para asumir responsabilidades, tomar decisiones y contribuir activamente al propósito común.

El liderazgo deja entonces de ser una acumulación de poder para convertirse en una construcción permanente de capacidades colectivas.

El éxito institucional también tiene límites humanos

Entre las frases más memorables de la entrevista destaca una que merece permanecer con nosotros: “No existe éxito real si en el proceso me destruyo o destruyo a los demás.”

Las instituciones necesitan resultados, metas cumplidas, productividad y capacidad de respuesta. Todo ello forma parte de una gestión responsable. Pero existe otra dimensión, menos visible y no por ello menos importante. Cuando los resultados se obtienen a costa del agotamiento permanente de las personas, el costo termina manifestándose en la pérdida de motivación, el deterioro del clima organizacional y el debilitamiento de la confianza.

La sostenibilidad de una institución depende tanto de los resultados que alcanza como de la salud de quienes los hacen posibles.

El liderazgo comienza por uno mismo

Quizás la enseñanza más profunda de esta conversación sea que el liderazgo comienza mucho antes de dirigir a otros. Comienza por la capacidad de gobernarse a uno mismo.

Los antiguos griegos llamaban enkrateia a esa virtud: el dominio de sí. San Agustín recordaba que nadie puede ordenar correctamente la ciudad si antes no procura ordenar su propia alma. Ambas ideas siguen teniendo una extraordinaria vigencia para quienes ejercemos responsabilidades públicas.

Al final, el liderazgo más valioso no es el que convierte a una persona en indispensable. Es el que fortalece a las instituciones para que puedan cumplir su misión más allá de quienes circunstancialmente las dirigen.

Ese liderazgo desarrolla personas antes que dependencias, construye confianza antes que protagonismo, fortalece instituciones antes que figuras individuales. Quizás esa sea también una de las formas más altas de servicio público.

Inspirado en: Dianne Bisonó, entrevista “La terapia del liderazgo (sano)”, realizada por Natalia Nachón y publicada en Santo Domingo Times, edición mayo-junio de 2026.

En mi caso, una de esas experiencias fue el Movimiento Estudiantil de Concientización (MEC), una organización creada para acompañar a una juventud inquieta, ávida de conocimiento y con el deseo de transformar la realidad.

Para entender lo que significó el MEC para mí es necesario remontarse a una historia anterior.

El padre Fernando de Arango, S.J., fundador y asesor del MEC, había sido antes asesor de la Juventud Obrera Católica (JOC), una de las experiencias más influyentes en la formación de líderes socialcristianos del siglo XX. Allí conoció a mi padre, quien participó activamente en ese movimiento y luego fue cofundador de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), organización en la que el padre Arango también acompañó procesos de formación.

Décadas después, el mismo sacerdote que orientó a mi padre se convertió en mi acompañante espiritual. Con el tiempo comprendí que no fue una coincidencia, sino una continuidad entre generaciones.

El padre Fernando de Arango no solo fundó un movimiento estudiantil. Construyó una escuela de formación humana inspirada en la tradición de la JOC, enriquecida por la espiritualidad ignaciana y adaptada a la realidad dominicana. Su propósito era formar personas capaces de pensar con autonomía, asumir responsabilidades y comprometerse con la transformación de su entorno.

Por eso el MEC ponía tanto énfasis en la dignidad humana, el método de ver, juzgar y actuar, la formación a través de la acción, la corresponsabilidad y la no violencia activa como expresión de un compromiso con la transformación personal y social.

Con el tiempo comprendí que las enseñanzas más importantes no fueron ideológicas, sino humanas. Aprendí que toda transformación auténtica comienza por uno mismo; que el liderazgo consiste en servir a un propósito; que los problemas sociales se resuelven construyendo soluciones; que el diálogo es más fecundo que la imposición; y que las personas se comprometen cuando participan en la construcción de aquello que las afecta. Sobre todo, aprendí una convicción que sigue guiando mi manera de entender el servicio público: la realidad puede transformarse.

Muchos años después, al asumir responsabilidades en el sistema de justicia, entendí que aquellas lecciones simplemente habían encontrado un nuevo escenario.

La transformación institucional que hemos impulsado en el Poder Judicial no nació de una obsesión por la tecnología, los procesos o los indicadores. Nació de una convicción más profunda: las instituciones existen para servir a las personas y deben organizarse para proteger su dignidad.

La digitalización, la reducción de la mora judicial, la transparencia, el acceso a la justicia, la gestión basada en datos y la construcción de una visión de futuro para la justicia dominicana son instrumentos. El propósito siempre ha sido el mismo: mejorar la vida de las personas a las que sirve la institución.

Por eso sigo creyendo profundamente en la gestión participativa. Aprendí muy joven que las personas cuidan aquello que ayudan a construir. Esa convicción inspira las Mesas de Gestión Participativa que impulsamos en el Poder Judicial: espacios donde quienes sostienen diariamente la justicia participan también en la construcción de las soluciones.

Estas mesas permitirán avanzar hacia un presupuesto participativo, fortaleciendo la capacidad de los territorios para identificar prioridades y gestionar recursos que mejoren el servicio y la experiencia de los usuarios

Queda mucho por hacer para alcanzar la justicia que nuestro país merece. Sin embargo, estoy convencido de que avanzamos en la dirección correcta porque las instituciones no se transforman únicamente mediante reformas o tecnología. Se transforman cuando quienes las integran actúan desde convicciones profundas. Al mirar hacia atrás, confirmo que los aprendizajes que construyen futuro son aquellos que primero transforman a las personas. Solo desde esa transformación personal pueden evolucionar de manera sostenible las organizaciones, las políticas públicas y las instituciones.

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Aprendizajes que generan futuro

La justicia no permanece al margen de esa transformación. Durante siglos, el proceso judicial se desarrolló en espacios claramente delimitados: el expediente, la audiencia y el tribunal. Allí se debatían los hechos, se confrontaban los argumentos y se adoptaban las decisiones. La ética procesal se asociaba naturalmente a la conducta observada dentro de esos espacios. Sin embargo, las tecnologías digitales han ampliado el escenario donde se forma la opinión pública y donde se construyen las percepciones sobre la justicia.

Hoy los procesos judiciales conviven con redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación capaces de amplificar información, opiniones y narrativas a una velocidad sin precedentes.

Los casos son comentados en tiempo real, muchas veces antes de que concluyan las investigaciones o antes de que los tribunales tengan oportunidad de pronunciarse. Esta nueva realidad no elimina la importancia del proceso. Por el contrario, se hace todavía más necesario proteger las condiciones que permiten que la justicia cumpla su función.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares de toda sociedad democrática. Gracias a ella es posible el debate público, el escrutinio de las instituciones y la crítica de las decisiones adoptadas por los poderes públicos. Todo eso es valioso para la convivencia. Sin embargo, la existencia de estos derechos convive con otra exigencia igualmente importante: preservar la capacidad de los procedimientos para resolver controversias mediante razones, pruebas y reglas previamente establecidas.

Jürgen Habermas ha sostenido que la legitimidad democrática surge de procedimientos capaces de garantizar una deliberación racional. En el ámbito judicial, esa deliberación encuentra una de sus expresiones más importantes en el debido proceso. La fortaleza de la justicia depende de que las partes puedan ser escuchadas, de que las decisiones se adopten con independencia y de que las controversias se resuelvan conforme al Derecho. Cuando la discusión abandona ese espacio para buscar respaldo en campañas, presiones o dinámicas de confrontación permanente, se debilitan precisamente las condiciones que permiten alcanzar decisiones legítimas.

Piero Calamandrei lo expresó con extraordinaria claridad al afirmar que el proceso no es un juego de astucia, sino un instrumento de justicia. La frase adquiere una relevancia particular en nuestro tiempo.

La tentación de trasladar los conflictos desde el expediente hacia la arena mediática o digital puede resultar atractiva para quienes buscan respaldo inmediato, pero rara vez fortalece la calidad institucional de la justicia. Con frecuencia produce el efecto contrario: desplaza la atención desde los argumentos hacia las emociones y desde las razones hacia las narrativas.

En el fondo, esta cuestión está vinculada con uno de los activos más importantes de cualquier sistema judicial: la confianza. Alexander Hamilton observó en El Federalista que el Poder Judicial no dispone ni de la espada ni de la bolsa (es decir, ni la fuerza pública ni los recursos). Su fortaleza descansa en la confianza que inspira su juicio. Más de dos siglos después, esa observación conserva una extraordinaria actualidad. La justicia depende de la credibilidad de sus procedimientos, de la integridad de quienes participan en ellos y de la percepción de que las decisiones son adoptadas conforme al Derecho y no bajo la influencia de presiones externas.

Por esa razón, la ética procesal adquiere una dimensión más amplia en la era digital. Ya no se refiere únicamente a lo que ocurre dentro de una audiencia o a la forma en que se presentan los argumentos ante un tribunal. También alcanza la conducta de los actores procesales cuando intervienen en el debate público.

Jueces, abogados, fiscales, defensores, peritos, partes y servidores judiciales continúan teniendo responsabilidades éticas cuando participan en espacios de comunicación capaces de influir sobre la percepción de la justicia o sobre los derechos de las personas involucradas en un proceso.

Su rol exige fortalecer principios que han acompañado históricamente a la administración de justicia. La lealtad procesal sigue siendo esencial porque garantiza que los argumentos encuentren su espacio natural en los mecanismos previstos por la ley. El respeto institucional sigue siendo indispensable porque permite distinguir entre la crítica legítima y la descalificación personal. La prudencia comunicacional resulta cada vez más necesaria en un entorno donde una declaración puede alcanzar una difusión masiva en cuestión de minutos. Y la protección de la dignidad humana conserva una importancia fundamental porque detrás de cada expediente existen personas concretas cuyas vidas pueden verse afectadas por exposiciones innecesarias, juicios paralelos o campañas de estigmatización.

A estos principios tradicionales se suma una responsabilidad propia de nuestro tiempo: la responsabilidad digital. Las plataformas tecnológicas han ampliado de manera extraordinaria nuestra capacidad de comunicar e influir. Esa ampliación de capacidades debe ir acompañada de una ampliación equivalente de responsabilidades. Los espacios digitales no constituyen un territorio ajeno a la ética profesional ni a los deberes que acompañan la participación en la administración de justicia.

Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial recuerdan que la confianza pública en el sistema de justicia y en la integridad de quienes lo integran constituye una condición esencial para toda sociedad democrática.

Esa confianza no se construye únicamente mediante decisiones correctas. También se construye mediante comportamientos que reflejan independencia, imparcialidad, respeto y responsabilidad. En una sociedad digital, esos comportamientos son observados permanentemente y tienen un impacto cada vez mayor sobre la percepción pública de la justicia.

Como advierte el papa Francisco en Fratelli Tutti, la descalificación del otro suele convertirse en un recurso fácil para imponerse. Sin embargo, las democracias se fortalecen cuando los desacuerdos pueden expresarse mediante argumentos y cuando las diferencias encuentran canales institucionales para ser procesadas. La justicia forma parte de esos canales. Su función consiste precisamente en ofrecer a la sociedad mecanismos legítimos para resolver conflictos sin sustituir las razones por las presiones ni el derecho por la confrontación.

Si uno de los grandes desafíos del siglo XX fue consolidar la independencia judicial dentro de los tribunales, uno de los grandes desafíos del siglo XXI será proteger la integridad del proceso más allá de ellos. La revolución digital ha ampliado los espacios donde se forma la opinión pública y donde se construye la confianza institucional. Esa nueva realidad exige comprender que la ética procesal ya no termina en la puerta del tribunal.

La justicia necesita leyes, jueces independientes y procedimientos eficaces. Pero necesita también una cultura compartida de responsabilidad.

Una cultura capaz de comprender que la libertad de expresión fortalece la democracia cuando convive con el debido proceso, que la transparencia genera confianza cuando se ejerce con prudencia y que la defensa de cualquier causa debe realizarse sin deteriorar las reglas que garantizan justicia para todos.

La tecnología ha ampliado nuestras capacidades de una manera extraordinaria. El desafío de nuestro tiempo consiste en lograr que nuestra responsabilidad crezca a la misma velocidad. Porque la fortaleza de la justicia no depende únicamente de la calidad de sus decisiones. Depende también de la integridad de los comportamientos que las rodean y de la confianza que esos comportamientos son capaces de inspirar en la sociedad. Y esa confianza, hoy más que nunca, se construye tanto dentro como fuera de los tribunales.

Lo que más me impactó entonces fue descubrir que la Iglesia procuraba comprender los grandes cambios de la sociedad desde una pregunta esencial: ¿cómo preservar la dignidad de la persona humana en medio de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y culturales?

Más de un siglo después, Magnifica Humanitas me provoca una reflexión similar. La nueva encíclica ha despertado un debate que trasciende el ámbito eclesial y convoca a académicos, tecnólogos, líderes políticos y medios de comunicación a abordar una de las cuestiones más relevantes de nuestro tiempo: el impacto de la inteligencia artificial y la digitalización sobre la vida humana.

Si León XIII escribió sobre los “nuevos asuntos” de la revolución industrial, León XIV nos invita a reflexionar sobre los nuevos asuntos de la revolución digital. Su reflexión encuentra eco en diversos pensadores contemporáneos. Entre ellos, Genís Roca ha descrito la inteligencia artificial como un cambio civilizatorio que obliga a repensar nuestras instituciones, nuestras relaciones sociales y nuestra propia comprensión de lo humano.

La encíclica evita dos posiciones que suelen aparecer frente a la innovación tecnológica. Por una parte, la visión que percibe toda innovación como una amenaza inevitable. Por otra, la que asume que todo avance tecnológico representa automáticamente un progreso humano.

La tecnología amplía nuestras capacidades de manera extraordinaria, pero también amplía nuestra responsabilidad.

Uno de los aportes más valiosos del documento es señalar que la digitalidad ya no puede entenderse únicamente como una herramienta. Durante siglos utilizamos instrumentos que ampliaban nuestras capacidades. Hoy convivimos con sistemas capaces de influir sobre nuestras preferencias, percepciones y decisiones. Por eso resulta cada vez más importante preservar espacios para la deliberación humana, el discernimiento ético y la responsabilidad personal.

Esta reflexión tiene una relevancia especial para quienes trabajamos en procesos de transformación institucional. Desde hace varios años hemos venido desarrollando, a través del concepto de I-Justicia, una visión de transformación digital centrada en las personas. Nuestro propósito es que la digitalización y el uso ético de la inteligencia artificial fortalezcan la capacidad humana de deliberar, decidir y servir mejor a la sociedad.

La innovación tiene sentido cuando fortalece la justicia, la confianza y la dignidad de las personas.

Pero la dignidad humana no depende de las capacidades que una persona posea, sino de su condición misma de ser humano. Como señala el Santo Padre, nuestra fragilidad forma parte esencial de nuestra humanidad y constituye una fuente permanente de empatía, solidaridad y sentido de comunidad. Ninguna inteligencia artificial, por avanzada que sea, puede sustituir plenamente la experiencia humana de amar, acompañar, sufrir, decidir o asumir responsabilidades frente a otros.

Por eso coincido con el papa León XIV en que la digitalización, incluida la transformación de la justicia, debe mantenerse orientada por principios profundamente humanos. La tecnología puede ampliar nuestras capacidades, pero corresponde a las personas definir el sentido de su utilización.

Cada generación está llamada a reconocer los nuevos asuntos de su tiempo. Las circunstancias cambian, los desafíos evolucionan y las herramientas se transforman. La responsabilidad de responder a ellos con sabiduría, humanidad y sentido del bien común permanece.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO

Es de Justicia

Los nuevos asuntos de nuestro tiempo

Durante muchos años, los sistemas de justicia en distintas partes del mundo concentraron sus esfuerzos de medición en variables tradicionales: cantidad de casos resueltos, tiempos procesales, carga de trabajo o productividad institucional. Todos estos elementos siguen siendo importantes. Sin embargo, hoy sabemos que no son suficientes para comprender si la justicia realmente está respondiendo a las necesidades de las personas.

Una justicia centrada en las personas requiere hacerse nuevas preguntas.

¿Las personas entienden la información que reciben? ¿Saben cómo acceder a los servicios judiciales? ¿Encuentran barreras económicas, territoriales o tecnológicas? ¿Perciben transparencia en las instituciones? ¿Confían en los mecanismos de rendición de cuentas? ¿Pueden participar y hacer escuchar sus necesidades?

Estas preguntas son las que están en el centro de la Metodología de la Métrica de Justicia Abierta para la República Dominicana, que será presentada esta semana. Y precisamente ahí radica su enorme valor estratégico.

La Métrica de Justicia Abierta representa un cambio profundo en la manera de entender la transformación judicial. No se trata únicamente de medir instituciones; se trata de comprender cómo las personas viven, perciben y utilizan el sistema de justicia. Ese cambio de perspectiva es fundamental para construir una justicia más cercana, más transparente y más confiable.

Este esfuerzo, desarrollado junto al World Justice Project y con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incorpora una visión moderna de la justicia como ecosistema. Es decir, reconoce que las necesidades jurídicas de las personas no dependen exclusivamente de un tribunal o de un juez, sino de múltiples instituciones, servicios y mecanismos que deben funcionar de manera articulada para garantizar derechos y resolver conflictos de manera efectiva.

En ese contexto, los indicadores dejan de ser simples herramientas estadísticas. Los indicadores se convierten en instrumentos de aprendizaje institucional. Permiten identificar brechas, comprender necesidades, orientar decisiones, priorizar reformas y evaluar si las políticas públicas realmente están generando cambios concretos en la vida de las personas.

La métrica de Justicia Abierta precisamente busca construir esa capacidad institucional. A través de dimensiones como transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas permitirá contar con información más clara sobre cómo funcionan distintas instituciones vinculadas al ecosistema de justicia y cómo interactúan las personas con ellas. Además, incorpora elementos fundamentales como accesibilidad, lenguaje claro y enfoque centrado en las personas usuarias.

Esto tendrá un impacto directo sobre el Poder Judicial. En primer lugar, porque fortalecerá nuestra capacidad de gestión y mejora continua. En segundo lugar, porque fortalece la transparencia y la legitimidad institucional. En tercer lugar, porque consolida una cultura institucional basada en evidencia. Esto es especialmente relevante en los procesos de modernización judicial.

Pero el impacto de esta metodología va mucho más allá del propio Poder Judicial. Una justicia más abierta fortalece también la calidad democrática de un país.

Cuando las personas comprenden mejor sus derechos, pueden acceder con mayor facilidad a los servicios judiciales y perciben instituciones más transparentes y cercanas, se fortalecen el Estado de Derecho, la cohesión social y la confianza en las instituciones públicas.

Asimismo, contar con estándares claros y mecanismos de evaluación comparables facilita la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de políticas públicas más efectivas. La experiencia internacional demuestra que los sistemas judiciales que desarrollan capacidades sólidas de medición y apertura institucional están mejor preparados para responder a las demandas sociales y adaptarse a contextos de cambio acelerado.

En República Dominicana hemos avanzado significativamente en los últimos años en materia de transformación digital, transparencia, acceso a la información y mejora de los servicios judiciales. La presentación de la Métrica de Justicia Abierta representa un nuevo paso dentro de ese proceso de transformación institucional. Un paso importante porque consolida una visión de justicia basada en evidencia, participación, apertura y mejora continua, pero sobre todo porque nos permite comprender mejor cómo viven las personas su relación con el sistema judicial y cómo podemos responder de manera más efectiva a sus necesidades.

Porque ninguna transformación judicial será verdaderamente sostenible si no somos capaces de observar con honestidad cómo viven las personas su relación con la justicia.

Medir no es solamente evaluar. Medir también es escuchar.