Todos coincidimos en que aún debemos seguir trabajando para contar con un sistema verdaderamente humano. Sin embargo, también es justo reconocer que estamos avanzando en muchos de los puntos identificados en este diálogo.

Todo esto apunta a un objetivo concreto: reducir la duración promedio de los procesos de dos años a uno, y llegar a celebrar las audiencias preliminares en seis meses. Es decir, tener una justicia penal al día.

Si hiciéramos un símil con el sistema de salud, podríamos decir que el juicio es como una sala de cirugía: un espacio reservado para los casos más complejos y delicados. Por eso, en el ámbito de la justicia, la mayoría de las situaciones deberían resolverse con prevención, atención temprana, seguimiento y coordinación.

Necesitamos un sistema en el que, desde el inicio de cualquier caso, el Ministerio Público, con base en las pruebas disponibles, se siente con la defensa para explorar, en la medida de lo posible, un acuerdo sobre la sanción. Esto permitiría que el juez pueda dictar sentencia de manera oportuna, reservando el juicio para los asuntos verdaderamente graves y complejos.

Esto no implica, en modo alguno, favorecer la liberación automática de quienes cometen delitos. Todo lo contrario: se trata de garantizar que, una vez establecida la culpabilidad, se imponga con prontitud una sanción proporcional y efectiva. De esta manera, la víctima accede a una justicia oportuna, sin demoras indebidas, y el sistema recupera su capacidad de respuesta, fortaleciendo su eficiencia y calidad en la atención de los casos.

Debemos pasar así de un modelo de litigiosidad interminable a uno de soluciones. En la República Dominicana, menos del 13% de los casos se resuelven por  la vía del acuerdo. Esta cifra contrasta drásticamente con el 97% en Estados Unidos o el 95% en Argentina y Costa Rica, lo que subraya la necesidad de fomentar las soluciones alternativas.

Además de este objetivo, a través del Programa de Optimización del Proceso Penal, que ejecutamos junto a los actores de la mesa de coordinación, hemos acordado avanzar en una serie de acciones concretas:

1. Impulso a los acuerdos penales: promover mesas de negociación entre el Ministerio Público y la Defensa Pública para fomentar el uso de mecanismos abreviados y alternativos de resolución.
2. Liberación inmediata tras cumplimiento de pena: establecer un modelo operativo para garantizar que toda persona privada de libertad sea liberada sin dilaciones al finalizar su condena.
3. Presentación oportuna del acto conclusivo: asegurar que el Ministerio Público presente la acusación dentro del plazo legal.
4. Atención a personas privadas de libertad con enfermedades: coordinar con el sistema de salud para aplicar medidas alternativas en casos de enfermedad grave, salud mental o condiciones vulnerables.
5. Criterios para las apelaciones: definir parámetros objetivos para racionalizar el uso de recursos de apelación, evitando dilaciones innecesarias.
6. Reducción del uso de la prisión preventiva: aplicar esta medida de forma excepcional, conforme a criterios de riesgo.
7. Gestión adecuada de casos mediáticos: coordinar acciones y comunicaciones conjuntas para dar seguimiento eficiente y transparente a los casos de alto impacto.
8. Interoperabilidad efectiva: desarrollar una plataforma común de gestión de casos entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
9. Tableros compartidos de indicadores: implementar mecanismos conjuntos de monitoreo sobre personas privadas de libertad, acuerdos, apelaciones, casos complejos y otros aspectos críticos del sistema.
10. Sistema de incentivos por desempeño: establecer una compensación variable basada en indicadores comunes, para reconocer avances institucionales en la mejora del sistema.
11. Comunicación coordinada: construir una narrativa común, pedagógica y basada en resultados, que fortalezca la confianza ciudadana y visibilice los logros compartidos.

Finalmente, analizaremos la creación de una Oficina de soporte al proceso penal, inspirada en modelos internacionales, que brinde apoyo técnico a jueces y operadores, tanto en la fase previa al juicio como en la ejecución de sentencias.

Sabemos que ninguna de estas acciones, por sí solas, resolverán los problemas estructurales que enfrentamos. Pero todas ellas en conjunto, sobre todo si trabajamos de manera coordinada no me cabe duda de que lograremos un sistema de justicia penal que sea más ágil, más justo y más humano.

Sin duda queda mucho por hacer. Pero ahora tenemos clara la hoja de ruta hacia una justicia al día, también en materia penal. Y por eso debemos agradecer a la ENJ y Listín Diario, por ayudarnos a darla a conocer, facilitando el diálogo de esta semana.

Publicado en Listín Diario.