Hace apenas unos minutos levantaron su mano (derecha) y pronunciaron un juramento, un gesto sencillo que duró unos segundos.

Hay decisiones que nos cambian la vida, y ésta es una de ellas. Porque si bien un título acredita lo que una persona sabe, un juramento compromete lo que una persona es.

Hasta hace unos minutos sólo eran licenciados en Derecho. Pero desde este instante son abogados y abogadas de la República Dominicana. Para algunos podría parecer un cambio de nombre. Sin embargo, es mucho más que eso: es un cambio de responsabilidad.

Desde hoy habrá personas que depositarán en ustedes sus libertades, su patrimonio, sus conflictos familiares, sus proyectos, sus derechos y, muchas veces, sus mayores temores. Habrá ciudadanos que confiarán en ustedes cuando sientan que todo lo demás ha fallado. Y esa confianza no se gana con un diploma. Se honra con una vida.

Por eso, lejos de marcar el final de una formación académica, esta ceremonia señala el inicio de una responsabilidad pública.

El puente entre generaciones y el desafío tecnológico

Hoy celebramos también la trayectoria del magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Además de reconocer su carrera ejemplar, su vida representa el puente entre dos generaciones de juristas.

En 1967 recibió su título de doctor en Derecho. Ese mismo año yo nacía. Mientras él comenzaba su vida profesional, comenzaba también mi propia historia… y para mí es un privilegio que hoy nos encontremos aquí.

Don Amadeo Julián representa una generación que nos entrega una herencia. Ustedes representan otra que deberá decidir qué hacer con ese legado. Entre 1967 y 2026, más allá de los cambios de fecha en el calendario, ha cambiado el mundo.

El magistrado Julián comenzó su carrera en el tiempo del expediente físico, de las bibliotecas jurídicas, de la consulta paciente de los códigos, de las notas manuscritas y del estudio silencioso. Ustedes la comienzan en la era del expediente en línea, de la gestión del conocimiento digital, de las audiencias virtuales, de la firma electrónica y de la inteligencia artificial.

Sería fácil pensar que la diferencia entre ambas generaciones está en las herramientas con que cuentan. Creo que es más que eso. La verdadera diferencia está en las preguntas que cada época obliga a responder.

La generación del magistrado Amadeo Julián tuvo que crear y consolidar instituciones democráticas. La de ustedes deberá preservar la dignidad humana en tiempos en los que la transformación es más rápida que nuestra capacidad para asimilarla. Este es el desafío de su tiempo. Y también su oportunidad.

Durante siglos, los abogados fueron valorados por la información que podían recordar, por la biblioteca que poseían o por el acceso que tenían al conocimiento jurídico. Ustedes pertenecen a la primera generación para la cual la información dejará de ser la principal ventaja profesional.

Con las directrices humanas correctas, la inteligencia artificial encontrará normas. Encontrará precedentes. Comparará contratos. Organizará expedientes. Redactará borradores. Realizará en segundos tareas que antes requerían días de trabajo.

Pero hay algo que jamás podrá hacer. Nunca podrá prestar un juramento. Nunca podrá responder moralmente por una decisión. Nunca podrá asumir la responsabilidad de una firma. Nunca podrá comprender el miedo de quien enfrenta un proceso penal, la incertidumbre de una familia que espera una sentencia o la angustia de quien siente amenazada su dignidad.

Porque la inteligencia artificial puede procesar información, pero la conciencia responde por las personas. Esa es la diferencia que seguirá definiendo esta profesión. La herramienta puede asistir, mientras que la responsabilidad seguirá siendo humana.

El papa León XIV, en su encíclica Magnifica Humánitas, advierte que el verdadero desafío de la inteligencia artificial no consiste únicamente en desarrollar máquinas más inteligentes, sino en evitar que los seres humanos renunciemos a nuestra propia humanidad. Más allá de cualquier convicción religiosa, esa afirmación contiene una verdad universal.

Cuanto mayor sea nuestro poder, mayor deberá ser nuestra responsabilidad. Cuanto más rápidas sean nuestras herramientas, mayor deberá ser nuestra prudencia. Y cuanto más capaces sean nuestras máquinas, más necesario será recordar que ninguna innovación tiene sentido si olvida al ser humano.

Ésta ha de ser la ética de su generación. Custodiar la verdad frente a la desinformación. Custodiar la confidencialidad frente al poder de los datos. La igualdad frente a los sesgos. El debido proceso frente a la presión de la inmediatez. Y custodiar, por encima de todo, la dignidad de cada persona.

La justicia: confianza y servicio a la República

Cada generación es recordada por las herramientas que inventó. Pero la historia juzga a las generaciones por aquello que decidieron proteger con esas herramientas. Nosotros debemos decidir proteger la dignidad humana. Ésa es la razón por la que existe el Derecho. Ésa es la razón por la que existe la justicia. Y ésa es la razón por la que hoy ustedes han prestado juramento.

Con frecuencia decimos que la justicia existe para resolver conflictos. Es verdad. Pero ese decir es insuficiente. La justicia existe para algo todavía más importante. Existe para hacer posible la confianza.

La confianza de que la ley estará por encima de la fuerza. De que quien tiene poder deberá explicar cómo lo ejerce. De que toda persona será escuchada antes de ser juzgada. La confianza de que la dignidad humana no dependerá de la riqueza, de la influencia ni de la posición social.

Cada sentencia resuelve un caso. Pero también educa a una sociedad. Cada abogado íntegro fortalece la confianza pública. Cada juez independiente fortalece la democracia. Cada servidor judicial respetuoso fortalece la dignidad de las personas.

Porque la justicia no solo administra únicamente procesos, administra confianza. Y allí donde crece la confianza, también crece la libertad.

Por eso la profesión que hoy abrazan es mucho más que una actividad técnica. Es una forma de servicio a la República.

El legado del magistrado Amadeo Julián y la ética de la nueva generación

El homenaje que hoy rendimos al magistrado Amadeo Julián tiene precisamente ese significado. Su legado no reside solamente en los cargos que ocupó ni en las responsabilidades que ejerció. Reside, sobre todo, en una manera de entender el Derecho.

Estudiar antes de opinar. Comprender antes de juzgar. Servir antes de presumir.

En un tiempo que premia la inmediatez, su trayectoria nos recuerda el valor de la profundidad. En un tiempo que confunde visibilidad con prestigio, nos recuerda que las instituciones se construyen muchas veces desde el trabajo silencioso.

Y en un tiempo que parece fascinado por la velocidad, nos recuerda que la prudencia sigue siendo una de las virtudes más altas de la justicia. (Gracias por tanto Don Amadeo)

Honrar el juramento con la vida

Abogadas y abogados:

Habrá días en que ejercer esta profesión será difícil. Habrá derrotas. Frustraciones. Habrá momentos en que parecerá más rentable acomodarse que mantenerse firme.

Cuando llegue ese día —porque llegará— recuerden este momento. Recuerden que detrás de cada expediente existe una persona. Que detrás de cada conflicto existe una historia. Y que detrás de cada decisión existe una vida que puede cambiar para siempre.

Nunca permitan que la rutina les robe la capacidad de conmoverse. Que la técnica sustituya a la conciencia.  Que la velocidad sustituya a la prudencia. Ni que el éxito sustituya al servicio.

Porque el Derecho no es una profesión para quienes buscan únicamente prosperar. Es una vocación para quienes deciden hacerse responsables de la libertad y de la dignidad de los demás.

Les recuerdo que hace unos minutos pronunciaron un juramento. Quizá algún día ya no recuerden las palabras exactas. Pero habrá personas que sí sabrán si ese juramento fue verdadero.

Lo recordará la mujer que llegue a su oficina buscando protección. El niño que pudo ejercer sus derechos gracias a su trabajo. El empresario que deposite en ustedes su confianza. El juez que lea un escrito firmado por ustedes. Lo recordará la sociedad cada vez que ustedes decidan decir la verdad cuando resulte incómodo, defender la dignidad cuando parezca difícil y poner el Derecho por encima de cualquier interés.

Porque los juramentos no se cumplen con la voz. Se cumplen con la vida.

Y cuando, dentro de muchos años, su carrera termine, ojalá puedan mirar hacia atrás y decir, con la serenidad de quien ha sido fiel a su vocación:

“Las personas confiaron un poco más en la justicia porque yo ejercí el Derecho con responsabilidad.”

Si pueden decir eso, habrán honrado al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Habrán honrado a la Suprema Corte de Justicia. Habrán honrado a la República. Y, sobre todo, habrán honrado el juramento que hoy han pronunciado.

Muchas gracias

El pasado 15 de julio, quince juristas dominicanos asumieron formalmente esa responsabilidad. Detrás de cada designación hay esfuerzo, mérito, formación y una historia muy humana. Pero también hay algo más esencial: la confianza que la República deposita en quienes, desde ahora, tendrán en sus manos la libertad, el patrimonio, el honor y el futuro de muchas personas.

La carrera judicial dominicana descansa sobre una arquitectura institucional construida para proteger la independencia judicial. La reforma constitucional de 1994 otorgó al Poder Judicial la facultad de designar sus jueces. Luego, la Constitución de 2010 consolidó el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura como parte esencial del sistema de ingreso y formación. No se trata de formalidades. El concurso público, la formación especializada y el mérito son garantías concretas para la ciudadanía.

La independencia judicial no es un privilegio del juez. Es un derecho de las personas.

Significa que quien acude a un tribunal debe poder confiar en que será escuchado sin favoritismos, sin presiones externas y sin que importen su origen, sus recursos, su posición social o el ruido que pudiera rodear su caso. Ante el juez, todos deben ser iguales. Esa igualdad no puede quedarse en el lenguaje de la Constitución; debe sentirse en cada audiencia, en cada trato y en cada sentencia.

Por eso la toga tiene un significado tan profundo. No es un ornamento ni una pieza ceremonial. Es un recordatorio permanente de que quien la viste debe subordinar sus opiniones, sus temores, sus simpatías y sus sesgos personales a la Constitución, la ley y la conciencia. La toga exige igualdad, neutralidad y responsabilidad.

Neutralidad no significa indiferencia. Un juez imparcial no es un juez distante del sufrimiento humano. Al contrario, debe comprender la realidad que existe detrás de cada expediente. Detrás de un caso hay una vida detenida, una familia en incertidumbre, una persona que busca amparo, una comunidad que espera una respuesta legítima.

Durante años hemos insistido en que una justicia lenta pierde el derecho a su nombre. La mora judicial no es un problema estadístico; es tiempo de vida perdido. Por eso, cada nuevo juez y cada nueva jueza se incorporan también a una gran causa nacional: consolidar una justicia pronta, cercana, comprensible y al día.

La justicia del futuro es más que tecnología, infraestructura o nuevos procesos. Se construye, sobre todo, con una cultura judicial capaz de escuchar mejor, decidir con prudencia y explicar con claridad. La pedagogía de la justicia es hoy una responsabilidad institucional. Una ciudadanía que comprende el valor del debido proceso y de la independencia judicial está mejor preparada para defender el Estado de derecho.

Ese es también el sentido del plan Justicia del Futuro 2034. Hay que ir al territorio, escuchar a jueces y servidores judiciales, conocer las necesidades reales de cada comunidad y mejorar desde la experiencia cotidiana del servicio.

La justicia debe aprender de quienes la hacen posible todos los días.

El respeto a la investidura judicial no se impone. Se gana con sentencias sólidas, con templanza en las audiencias, con trato digno y con rectitud en la vida pública y privada. La autoridad que verdaderamente importa no nace del cargo, sino de la confianza que inspira quien lo ejerce.

A quienes el pasado miércoles ingresaron a la carrera judicial les corresponde honrar esa confianza. Espero que cada ciudadano que entre a su tribunal pueda sentir que ha llegado a un lugar donde será escuchado con respeto, donde las razones importan y donde la dignidad humana ocupa el centro.

Porque juzgar va más allá de administrar expedientes. Es servir a la República desde una de sus responsabilidades más altas: hacer que la justicia sea, para cada persona, una experiencia de protección, equilibrio y humanidad.

En una cultura que suele asociar el liderazgo con la capacidad de resistir más, trabajar más y asumir más responsabilidades (la sociedad del cansancio, en palabras de Byung-Chul Han) resulta refrescante encontrar voces que invitan a mirar el fenómeno desde otra perspectiva.

Recientemente leí la entrevista La terapia del liderazgo (sano), realizada por Natalia Nachón a la psicóloga clínica Dianne Bisonó y publicada en Santo Domingo Times (mayo-junio de 2026). En ella, Bisonó reflexiona sobre los costos emocionales del liderazgo, especialmente cuando este se ejerce desde el control, la necesidad de ser indispensable o la incapacidad de establecer límites. Mientras avanzaba en la lectura, no podía evitar relacionar muchas de sus ideas con los desafíos que acompañan los procesos de transformación institucional y, particularmente, con la experiencia de quienes tenemos la responsabilidad de servir desde organizaciones públicas.

El liderazgo no consiste en sostenerlo todo

Quizás una de las ideas más provocadoras de la entrevista es que el desgaste comienza cuando una persona asume responsabilidades que no le corresponden.

En las organizaciones públicas existe con frecuencia la tentación de convertir al líder en el centro de todas las decisiones, de todos los conflictos y de todas las soluciones. A primera vista puede parecer una demostración de compromiso. Sin embargo, con el tiempo genera dependencia, reduce la iniciativa de los equipos y termina debilitando la institución.

Las organizaciones sólidas no se construyen alrededor de una persona. Se construyen alrededor de equipos, capacidades, procesos y principios compartidos. Un sistema fuerte no necesita héroes permanentes; necesita personas que comprendan la misión institucional, la hagan propia y contribuyan a ella desde el ámbito de sus responsabilidades.

Conducir no es controlar

Dianne Bisonó advierte que muchos líderes terminan emocionalmente agotados porque intentan controlarlo todo. Esta observación tiene especial relevancia para quienes dirigimos instituciones complejas.

En el Poder Judicial, por ejemplo, la independencia de jueces y juezas constituye una condición esencial para garantizar los derechos de las personas. Esa independencia exige que quienes ejercemos funciones de dirección creemos las condiciones adecuadas para el trabajo, definamos objetivos, fortalezcamos capacidades y generemos confianza. No corresponde dirigir las decisiones que la Constitución y la ley reservan a cada juez; corresponde fortalecer la institución para que esas decisiones puedan adoptarse con autonomía, responsabilidad y apego al derecho.

Conducir una organización compleja supone, precisamente, desarrollar personas e instituciones capaces de actuar con responsabilidad. La confianza no sustituye la exigencia; la hace posible.

El verdadero liderazgo desarrolla a otros

Otra de las ideas centrales de la entrevista es que el liderazgo sano permite que otros desarrollen su potencial. Yo añadiría que esa es una de sus principales responsabilidades.

Toda transformación institucional plantea una pregunta decisiva: ¿estamos concentrando capacidades o las estamos expandiendo?

Con frecuencia medimos el liderazgo por la cantidad de problemas que una persona resuelve. Sin embargo, la madurez de una organización comienza a hacerse visible cuando sus integrantes desarrollan las capacidades necesarias para asumir responsabilidades, tomar decisiones y contribuir activamente al propósito común.

El liderazgo deja entonces de ser una acumulación de poder para convertirse en una construcción permanente de capacidades colectivas.

El éxito institucional también tiene límites humanos

Entre las frases más memorables de la entrevista destaca una que merece permanecer con nosotros: “No existe éxito real si en el proceso me destruyo o destruyo a los demás.”

Las instituciones necesitan resultados, metas cumplidas, productividad y capacidad de respuesta. Todo ello forma parte de una gestión responsable. Pero existe otra dimensión, menos visible y no por ello menos importante. Cuando los resultados se obtienen a costa del agotamiento permanente de las personas, el costo termina manifestándose en la pérdida de motivación, el deterioro del clima organizacional y el debilitamiento de la confianza.

La sostenibilidad de una institución depende tanto de los resultados que alcanza como de la salud de quienes los hacen posibles.

El liderazgo comienza por uno mismo

Quizás la enseñanza más profunda de esta conversación sea que el liderazgo comienza mucho antes de dirigir a otros. Comienza por la capacidad de gobernarse a uno mismo.

Los antiguos griegos llamaban enkrateia a esa virtud: el dominio de sí. San Agustín recordaba que nadie puede ordenar correctamente la ciudad si antes no procura ordenar su propia alma. Ambas ideas siguen teniendo una extraordinaria vigencia para quienes ejercemos responsabilidades públicas.

Al final, el liderazgo más valioso no es el que convierte a una persona en indispensable. Es el que fortalece a las instituciones para que puedan cumplir su misión más allá de quienes circunstancialmente las dirigen.

Ese liderazgo desarrolla personas antes que dependencias, construye confianza antes que protagonismo, fortalece instituciones antes que figuras individuales. Quizás esa sea también una de las formas más altas de servicio público.

Inspirado en: Dianne Bisonó, entrevista “La terapia del liderazgo (sano)”, realizada por Natalia Nachón y publicada en Santo Domingo Times, edición mayo-junio de 2026.

La justicia no permanece al margen de esa transformación. Durante siglos, el proceso judicial se desarrolló en espacios claramente delimitados: el expediente, la audiencia y el tribunal. Allí se debatían los hechos, se confrontaban los argumentos y se adoptaban las decisiones. La ética procesal se asociaba naturalmente a la conducta observada dentro de esos espacios. Sin embargo, las tecnologías digitales han ampliado el escenario donde se forma la opinión pública y donde se construyen las percepciones sobre la justicia.

Hoy los procesos judiciales conviven con redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación capaces de amplificar información, opiniones y narrativas a una velocidad sin precedentes.

Los casos son comentados en tiempo real, muchas veces antes de que concluyan las investigaciones o antes de que los tribunales tengan oportunidad de pronunciarse. Esta nueva realidad no elimina la importancia del proceso. Por el contrario, se hace todavía más necesario proteger las condiciones que permiten que la justicia cumpla su función.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares de toda sociedad democrática. Gracias a ella es posible el debate público, el escrutinio de las instituciones y la crítica de las decisiones adoptadas por los poderes públicos. Todo eso es valioso para la convivencia. Sin embargo, la existencia de estos derechos convive con otra exigencia igualmente importante: preservar la capacidad de los procedimientos para resolver controversias mediante razones, pruebas y reglas previamente establecidas.

Jürgen Habermas ha sostenido que la legitimidad democrática surge de procedimientos capaces de garantizar una deliberación racional. En el ámbito judicial, esa deliberación encuentra una de sus expresiones más importantes en el debido proceso. La fortaleza de la justicia depende de que las partes puedan ser escuchadas, de que las decisiones se adopten con independencia y de que las controversias se resuelvan conforme al Derecho. Cuando la discusión abandona ese espacio para buscar respaldo en campañas, presiones o dinámicas de confrontación permanente, se debilitan precisamente las condiciones que permiten alcanzar decisiones legítimas.

Piero Calamandrei lo expresó con extraordinaria claridad al afirmar que el proceso no es un juego de astucia, sino un instrumento de justicia. La frase adquiere una relevancia particular en nuestro tiempo.

La tentación de trasladar los conflictos desde el expediente hacia la arena mediática o digital puede resultar atractiva para quienes buscan respaldo inmediato, pero rara vez fortalece la calidad institucional de la justicia. Con frecuencia produce el efecto contrario: desplaza la atención desde los argumentos hacia las emociones y desde las razones hacia las narrativas.

En el fondo, esta cuestión está vinculada con uno de los activos más importantes de cualquier sistema judicial: la confianza. Alexander Hamilton observó en El Federalista que el Poder Judicial no dispone ni de la espada ni de la bolsa (es decir, ni la fuerza pública ni los recursos). Su fortaleza descansa en la confianza que inspira su juicio. Más de dos siglos después, esa observación conserva una extraordinaria actualidad. La justicia depende de la credibilidad de sus procedimientos, de la integridad de quienes participan en ellos y de la percepción de que las decisiones son adoptadas conforme al Derecho y no bajo la influencia de presiones externas.

Por esa razón, la ética procesal adquiere una dimensión más amplia en la era digital. Ya no se refiere únicamente a lo que ocurre dentro de una audiencia o a la forma en que se presentan los argumentos ante un tribunal. También alcanza la conducta de los actores procesales cuando intervienen en el debate público.

Jueces, abogados, fiscales, defensores, peritos, partes y servidores judiciales continúan teniendo responsabilidades éticas cuando participan en espacios de comunicación capaces de influir sobre la percepción de la justicia o sobre los derechos de las personas involucradas en un proceso.

Su rol exige fortalecer principios que han acompañado históricamente a la administración de justicia. La lealtad procesal sigue siendo esencial porque garantiza que los argumentos encuentren su espacio natural en los mecanismos previstos por la ley. El respeto institucional sigue siendo indispensable porque permite distinguir entre la crítica legítima y la descalificación personal. La prudencia comunicacional resulta cada vez más necesaria en un entorno donde una declaración puede alcanzar una difusión masiva en cuestión de minutos. Y la protección de la dignidad humana conserva una importancia fundamental porque detrás de cada expediente existen personas concretas cuyas vidas pueden verse afectadas por exposiciones innecesarias, juicios paralelos o campañas de estigmatización.

A estos principios tradicionales se suma una responsabilidad propia de nuestro tiempo: la responsabilidad digital. Las plataformas tecnológicas han ampliado de manera extraordinaria nuestra capacidad de comunicar e influir. Esa ampliación de capacidades debe ir acompañada de una ampliación equivalente de responsabilidades. Los espacios digitales no constituyen un territorio ajeno a la ética profesional ni a los deberes que acompañan la participación en la administración de justicia.

Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial recuerdan que la confianza pública en el sistema de justicia y en la integridad de quienes lo integran constituye una condición esencial para toda sociedad democrática.

Esa confianza no se construye únicamente mediante decisiones correctas. También se construye mediante comportamientos que reflejan independencia, imparcialidad, respeto y responsabilidad. En una sociedad digital, esos comportamientos son observados permanentemente y tienen un impacto cada vez mayor sobre la percepción pública de la justicia.

Como advierte el papa Francisco en Fratelli Tutti, la descalificación del otro suele convertirse en un recurso fácil para imponerse. Sin embargo, las democracias se fortalecen cuando los desacuerdos pueden expresarse mediante argumentos y cuando las diferencias encuentran canales institucionales para ser procesadas. La justicia forma parte de esos canales. Su función consiste precisamente en ofrecer a la sociedad mecanismos legítimos para resolver conflictos sin sustituir las razones por las presiones ni el derecho por la confrontación.

Si uno de los grandes desafíos del siglo XX fue consolidar la independencia judicial dentro de los tribunales, uno de los grandes desafíos del siglo XXI será proteger la integridad del proceso más allá de ellos. La revolución digital ha ampliado los espacios donde se forma la opinión pública y donde se construye la confianza institucional. Esa nueva realidad exige comprender que la ética procesal ya no termina en la puerta del tribunal.

La justicia necesita leyes, jueces independientes y procedimientos eficaces. Pero necesita también una cultura compartida de responsabilidad.

Una cultura capaz de comprender que la libertad de expresión fortalece la democracia cuando convive con el debido proceso, que la transparencia genera confianza cuando se ejerce con prudencia y que la defensa de cualquier causa debe realizarse sin deteriorar las reglas que garantizan justicia para todos.

La tecnología ha ampliado nuestras capacidades de una manera extraordinaria. El desafío de nuestro tiempo consiste en lograr que nuestra responsabilidad crezca a la misma velocidad. Porque la fortaleza de la justicia no depende únicamente de la calidad de sus decisiones. Depende también de la integridad de los comportamientos que las rodean y de la confianza que esos comportamientos son capaces de inspirar en la sociedad. Y esa confianza, hoy más que nunca, se construye tanto dentro como fuera de los tribunales.

Por eso a principios de 2024 lanzamos la Guía de Buenas Prácticas para redactar decisiones concisas y amigables en el ámbito de los juzgados de la instrucción. No se trató simplemente de un documento técnico, sino de una herramienta aplicada para mejorar la forma en que comunicamos decisiones que impactan directamente en la libertad, los derechos y la vida de las personas. La guía nació con un propósito claro: ayudar a jueces y juezas a expresar con mayor claridad qué se decide, por qué se decide y cuáles son los efectos de esa decisión. Redactar con claridad es una forma concreta de garantizar derechos.

Para hacer este esfuerzo sostenible en el tiempo,incorporamos la guía al programa de formación de aspirantes a jueces en la Escuela Nacional de la Judicatura. Aquí se conecta también con nuestra visión de I-Justicia: una justicia innovadora, inteligente e integrada, pero siempre centrada en la persona.

Por supuesto, la pedagogía de la justicia no se limita al interior del sistema. Durante 2025, la Escuela Nacional de la Judicatura, a través del programa Justicia y Sociedad, desarrolló los conversatorios Educando en Justicia en escuelas públicas y colegios privados de todo el país. Realizamos 30 actividades a nivel nacional, alcanzando 1,901 participaciones en espacios escolares.

Estos números son importantes, pero más relevante aún es el impacto cualitativo. En cada encuentro trabajamos cultura constitucional, convivencia pacífica, derechos y deberes, y el rol del Poder Judicial en una sociedad democrática. 

La justicia se aprende también en la escuela, no solo en los tribunales. Cuando niños, niñas y adolescentes comprenden cómo funciona el sistema, incorporan herramientas para la resolución pacífica de conflictos y se convierten en multiplicadores de buenas prácticas en sus comunidades.

Como complemento pedagógico, integramos la historieta Leia nos enseña: Educando en Justicia. A través de un personaje cercano y situaciones cotidianas, explicamos con lenguaje llano qué hace una jueza o un juez, la diferencia entre fiscales y policías, y por qué las decisiones deben ser imparciales y basadas en razones. Este recurso nos permitió acercar el sistema de justicia a públicos no especializados y reforzar la idea de que el conocimiento jurídico no debe ser un privilegio, sino un bien accesible.

La dimensión pedagógica también ha orientado nuestra Política de Comunicación Institucional, adoptada en 2022. Fuimos uno de los pocos poderes judiciales de la región en contar con un instrumento de esta naturaleza. La política establece principios y responsabilidades para garantizar una comunicación coherente, ética y transparente.

Porque en la actualidad, las decisiones judiciales no permanecen confinadas al expediente. Cada resolución puede impactar en la opinión pública, activar dinámicas intensas en los medios de comunicación y generar debates que tensionan los estados de ánimo colectivos frente a los principios y funciones propias del derecho. 

El juez decide conforme a la Constitución y la ley, pero lo hace en un entorno social que interpreta, reacciona y opina de manera inmediata.

Esta realidad exige una comunicación institucional responsable, capaz de explicar sin polemizar, de informar sin prejuzgar y de sostener la serenidad jurídica frente a la volatilidad del espacio público. La justicia no puede decidir al ritmo de los humores públicos, pero sí debe explicar con claridad las razones que fundamentan sus decisiones.

Como parte de esta política desarrollamos tres protocolos fundamentales: el Protocolo de Actuación para Casos de Alta Visibilidad, el Protocolo de Gestión de Redes Sociales y el Protocolo de Prevención y Manejo de Crisis. Estos instrumentos conforman una arquitectura que asegura coherencia y rigor técnico incluso en contextos complejos. La transparencia no puede depender de la improvisación; necesita reglas claras y responsabilidades definidas.

La encuesta SID Latinoamericana 2024 evidenció que más del 80% de la ciudadanía desconocía quién dirige el Poder Judicial y cuáles son sus funciones esenciales. Esa brecha nos obligó a repensar nuestra forma de comunicar. Una justicia moderna debe ser multicanal, pedagógica y orientada al servicio.

Para fortalecer el vínculo con la prensa creamos el Programa de Portavoces, que ha capacitado a más de 100 jueces y juezas en todo el país. Además, consolidamos un programa de relacionamiento con medios y pusimos en marcha la Cátedra de Comunicación “Adriano Miguel Tejada” en la Escuela Nacional de la Judicatura. Creemos firmemente que la prensa es aliada en la construcción de ciudadanía informada. Transparencia judicial y periodismo ético pueden avanzar juntos.

Finalmente, impulsamos el Observatorio del Poder Judicial como espacio abierto de investigación y análisis, y desarrollamos la Juriteca, la primera plataforma digital del país que integra jurisprudencia, doctrina y legislación en un solo entorno accesible y actualizado. Ambas iniciativas fortalecen una justicia abierta y basada en datos, ampliando el acceso a información de calidad para operadores jurídicos, academia y ciudadanía.

Todo este recorrido confirma algo que hoy forma parte de nuestra convicción institucional: la pedagogía de la justicia es una estrategia de legitimidad democrática. No se trata únicamente de comunicar mejor, sino de construir una cultura de comprensión, participación y corresponsabilidad.

Mirando hacia adelante, el desafío es consolidar esta transformación cultural, profundizar la integración entre innovación tecnológica y lenguaje claro, y seguir ampliando espacios de diálogo con la sociedad. La I-Justicia que impulsamos no es solo digital ni organizacional; es una justicia que aprende, que explica y que escucha.

Porque cuando la justicia se comprende, se fortalece. Y cuando se fortalece, sostiene mejor el Estado de derecho.

Esto no es restar valor a los tribunales de justicia, más bien es reforzarlo. Tampoco se trata de aumentar la burocracia ni de añadir pasos innecesarios; al contrario, buscamos que los trámites se atiendan en las instituciones del Estado que tienen mayor vocación para prestarlos, con la agilidad y cercanía que la ciudadanía necesita. Los tribunales deben concentrarse en resolver conflictos reales entre personas o instituciones, no en certificar trámites que otras instancias pueden asumir con igual seguridad jurídica.

De ahí que en los últimos años hayamos impulsado la desjudicialización de ciertos procesos, como las ratificaciones de actas del Estado Civil, el registro de prenda sin desapoderamiento o los deslindes de terrenos registrales (sobre los que abrimos una consulta pública que culminó el pasado jueves 25 de septiembre), convencidos de que existen vías más ágiles y apropiadas para resolverlos.

Esta orientación no es una ocurrencia aislada, sino una tendencia internacional. España, por ejemplo, desde 2015 permite que los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores se formalicen directamente ante notario mediante escritura pública. Con esta reforma, los trámites dejaron de congestionar los juzgados, se redujeron tiempos de espera y se brindó a las personas un acceso más sencillo y menos costoso al servicio. En Portugal el camino fue aún más directo: los divorcios por mutuo consentimiento se resuelven en las conservadurías del registro civil, incluso en línea, con tarifas predecibles y razonables. En ambos casos, la justicia se fortaleció porque los jueces quedaron liberados para dedicarse a lo que realmente requiere su intervención. Algo parecido ha ocurrido con la coordinación catastro–registro en España: al permitir que los conflictos sobre linderos y descripciones gráficas se encaucen por expedientes registrales, se redujeron fricciones y litigios que antes abarrotaban a los tribunales.

La experiencia internacional confirma que desjudicializar significa ganar tiempo y dinero para la sociedad. Procesos que antes tardaban meses en despachos judiciales hoy se resuelven en días o incluso horas en una notaría, un registro civil o una plataforma digital. Los usuarios ahorran desplazamientos y costos, el Estado reduce la presión sobre su sistema judicial, y los jueces pueden concentrarse en causas que de verdad demandan su criterio y autoridad.

En la República Dominicana hemos desjudicializado el cambio de nombre, la ratificación de declaraciones tardías del estado civil y el registro de prenda sin desapoderamiento. Gracias a estas medidas, más de 90,000 asuntos anuales dejaron de ingresar a los tribunales de la República Dominicana en su conjunto, liberando capacidad para que los jueces atiendan con mayor calidad los conflictos que sí requieren decisión jurisdiccional .

Solo en 2024 ingresaron 453,544 asuntos al Poder Judicial, de los cuales un 36 % fueron procesos graciosos o no contenciosos. Aunque esa cifra aún es alta, representa una reducción de más del 40% en comparación con 2017, cuando la mitad de la demanda judicial correspondía a este tipo de trámites .

Esta simplificación ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre los poderes del Estado y órganos extrapoder. Sin el apoyo del Poder Legislativo, del Consejo Nacional de Competitividad, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de la Junta Central Electoral y de otras instituciones públicas, esta importante reducción no habría sido posible .

Pero todavía queda camino por recorrer. Queremos avanzar en la desjudicialización de la renuncia, enajenación o sustitución de bienes de familia; el registro de asociaciones sin fines de lucro; la inscripción de testamentos y poderes; y los trámites relacionados con el rompimiento de sellos realizados por los jueces de paz y el registro de protocolos notariales .

La meta que nos hemos propuesto es ambiciosa: reducir del 36 % actual al 10 % en 2034 la proporción de asuntos no contenciosos que ingresan a los tribunales.

Alcanzarla exige mejorar el acceso digital, otorgar incentivos inteligentes a quienes trabajan en el sistema de justicia y asegurar que cada institución cumpla el papel que le corresponde, sin duplicidades innecesarias.

Ese es el camino que asegura que la justicia se concentre en lo verdaderamente esencial: que, cuando una persona realmente necesite a un juez, lo encuentre disponible, con más tiempo, con más atención y con la serenidad que da saber que la justicia responde a lo que de verdad importa.

En esa ocasión quise transmitir un mensaje sencillo, pero profundo: la justicia no puede organizarse para la comodidad de jueces, abogados o funcionarios. La justicia existe para servir a las personas. Lo mismo que una firma prestigiosa debe preocuparse más por la experiencia de sus clientes que por la opinión de sus colegas, el Poder Judicial debe organizarse pensando en la dignidad de quienes acuden a resolver un conflicto. Y en este tiempo de cambio civilizatorio, esa dignidad pasa inevitablemente por el acceso digital.

Nuestra travesía ha sido intensa. Lo que empezó como una innovación tímida en medio de la pandemia (audiencias virtuales, expedientes electrónicos, notificaciones en línea) hoy es práctica cotidiana. Todos los expedientes que llegan a los jueces lo hacen de manera digital y en jurisdicciones como la del Distrito Nacional, más del noventa por ciento de los trámites ya se realiza en línea. El portal de Acceso Digital, que cuenta con más de quince mil usuarios registrados entre abogados, ciudadanos y entidades, se ha convertido en la nueva puerta de entrada a la justicia. Esa mudanza del papel a la nube no es un detalle tecnológico: es una revolución en la forma en que concebimos el servicio.

He recordado muchas veces la frase de Manuel Castells: “la exclusión digital es exclusión social”. Por eso, mientras impulsamos el acceso en línea, también mantenemos espacios de acompañamiento presencial, interfaces accesibles y servicios diseñados para personas con discapacidad o barreras lingüísticas. Digitalizar no es sustituir, sino ampliar y garantizar derechos. Y al mismo tiempo, hemos avanzado en la desjudicialización de procesos que no requieren un juez, como la prenda sin desapoderamiento o la rectificación de actas, reduciendo la carga en los tribunales y permitiendo que se concentren en resolver verdaderos conflictos.

Todo esto forma parte de una visión más amplia que hemos llamado Plan Justicia del Futuro 2025-2034. Una hoja de ruta que busca no solo modernizar procesos, sino redefinir el papel de la justicia en la sociedad. En ella, la apertura es esencial. La justicia del siglo XXI no puede ser opaca. Por eso hemos creado herramientas como la Juriteca y el Observatorio Judicial, que ponen a disposición del público leyes, jurisprudencia y estadísticas actualizadas. Y por eso celebramos este año la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, que concluyó con la Declaración de Santo Domingo, un compromiso regional que vincula transparencia con democracia.

Pero si algo quise destacar en el almuerzo es que la justicia no es solo un servicio público: es también una infraestructura del desarrollo. Los países que logran resolver conflictos con rapidez y previsibilidad son los que atraen inversiones, generan empleo y sostienen crecimiento. El interés de la República Dominicana en incorporarse a la OCDE, expresado por el decreto presidencial 408-25, se apoya precisamente en esta idea: que la fortaleza institucional, la seguridad jurídica y la justicia digital son parte de nuestra carta de presentación al mundo.

Richard Susskind, experto en transformación de los tribunales, suele decir que la justicia en línea no es simplemente trasladar lo que hacíamos al formato digital, sino repensar los recorridos de servicio desde la perspectiva del usuario. Son ideas que refuerzan nuestra convicción: la transformación digital no es un accesorio, sino el núcleo de la legitimidad en este tiempo.

En este camino, el papel de los abogados y de las firmas es decisivo. Ellos son la primera línea de contacto con quienes necesitan justicia. Su capacidad de detectar fricciones en los procesos, de proponer mejoras en el portal digital, de usar la Juriteca y el Observatorio para fundamentar mejor sus argumentos, o de acompañar a sus clientes en la transición hacia la justicia en línea, es insustituible. También pueden contribuir en la discusión de estándares, en la simplificación de trámites y en la construcción de confianza. El futuro de la justicia no se construye solo en los tribunales: también se moldea en los despachos, en las aulas universitarias y en la asesoría cotidiana a ciudadanos y empresas.

Viéndolo en retrospectiva, lo que parecía una transición tecnológica se ha convertido en una transformación ética. Hemos pasado del papel a la nube, pero también de una justicia centrada en el expediente a una justicia centrada en la experiencia de las personas. Y esa travesía no la podemos hacer solos. Necesitamos a los abogados y abogadas, a las empresas, a las universidades, a toda la sociedad.

Por eso agradezco profundamente el espacio de Revista Mercado y de la comunidad jurídica reunida en el Top Lawyers Lunch. Igual que en sus despachos la confianza del cliente lo es todo, para nosotros la confianza de la ciudadanía es el bien más preciado. Construirla no es un acto individual, es un esfuerzo compartido. Si seguimos este camino con visión ética, apertura y compromiso, dejaremos como legado una República Dominicana donde la justicia sea una fuente de confianza y prosperidad compartida.

En lo personal, esa conciencia se forjó en un hogar donde la coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía importaba más que cualquier discurso. Allí aprendí que ser justo no siempre es lo más cómodo, pero siempre es lo más necesario. He descubierto que la integridad se construye en las decisiones pequeñas, las que casi nadie ve, y que escuchar esa voz interior no siempre trae aplausos, pero sí paz y sentido.

A veces, la conciencia de la justicia exige ir contra corriente. Como recuerda Aristóteles, el juzgador debe ser capaz de “apartarse de la estricta justicia y sus peores rigores” cuando la letra de la ley conduce a un resultado inmoral.

Esa enseñanza, vigente desde la antigüedad, nos recuerda que la equidad no es un lujo, sino la condición misma para que la ley cumpla su propósito. En lo personal, he visto que esa capacidad de apartarse del camino cómodo para seguir el camino correcto es, muchas veces, la verdadera prueba de carácter.

En el plano institucional, esa misma conciencia se convierte en un deber público. Como Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, he comprobado que aplicar la ley de forma mecánica puede ser insuficiente si se descuida su propósito más profundo: garantizar la dignidad humana. Por eso, reformas como el lenguaje claro, la apertura de datos, la transparencia activa o la digitalización de procesos no son simples innovaciones técnicas. Son intentos deliberados de alinear el sistema judicial con los principios de equidad, integridad y respeto que la ciudadanía espera ver reflejados en sus jueces.

El ejercicio de la función judicial nos confirma, día tras día, que el estricto apego a la legalidad no garantiza por sí solo la realización de la justicia. 

El Principio de Compromiso con los Derechos Humanos, consagrado en nuestro Código de Comportamiento Ético, exige que los operadores de justicia trasciendan la mera formalidad normativa cuando esta contradiga los valores universales inherentes a la dignidad humana y que se encuentran positivizados en nuestra Constitución.

En la dimensión colectiva, la conciencia de la justicia es el cimiento invisible de la confianza ciudadana. La historia demuestra que cuando las personas perciben que la justicia se administra con indiferencia o parcialidad, la democracia se debilita. La confianza no se impone; se gana decisión a decisión, caso a caso. Es un contrato tácito entre instituciones y ciudadanía que solo se mantiene vivo si las leyes, las sentencias y las prácticas judiciales se sienten justas, además de ser legales.

Por eso, un sistema judicial que aspire a ser legítimo debe reflejar en su actuación la conciencia ética compartida por la sociedad. Cuando las normas pierden validez social y moral —es decir, cuando dejan de ser reconocidas como vinculantes por la comunidad y contradicen principios éticos fundamentales— surgen tensiones que pueden desembocar en reformas legales, movilizaciones sociales o cambios constitucionales. Así ocurrió con causas universales como la abolición de la esclavitud o la consagración de los derechos civiles: no fueron solo transformaciones jurídicas, sino el reconocimiento de que la conciencia de la época ya no podía tolerar la injusticia.

Hoy, este reto es también global. Vivimos en un mundo interconectado, donde tribunales internacionales juzgan crímenes que conmueven “la conciencia de la humanidad” y donde los valores universales (vida, igualdad, libertad) deberían prevalecer más allá de cualquier frontera o ideología. Defender esa conciencia no es un acto retórico, sino una responsabilidad práctica: evitar que la justicia se convierta en un privilegio y asegurar que siga siendo un derecho para todos.

La justicia nace en el fuero íntimo, se fortalece en la institucionalidad y se proyecta en la convivencia social. Mantener vivo ese hilo que une lo personal con lo colectivo, y lo nacional con lo universal, es una de las tareas más nobles y exigentes de nuestro tiempo. Cada decisión que tomamos, grande o pequeña, debería pasar por ese filtro invisible que nos recuerda que la justicia no nos pertenece; solo está de paso por nuestras manos. Nuestra responsabilidad es dejarla, siempre, un poco más digna, más humana y más confiable de lo que la encontramos.

Durante su visita, Henry Molina manifestó su respaldo a una justicia abierta y de acercamiento de los jueces (as) con la comunidad, a fin de que la ciudadanía comprenda cómo funcionan los procesos en los tribunales. 

El magistrado abordó el tema durante varias reuniones que sostuvo con la comunidad jurídica, líderes comunitarios y de opinión, en los distritos judiciales de Elías Piña, Las Matas de Farfán y San Juan de la Maguana, en el marco del inicio de la implementación de dicho programa. 

Durante estas visitas, celebró un diálogo abierto con jueces y servidores judiciales y se reunió la mesa Interinstitucional: un espacio de construcción colectiva, con la participación de legisladores, alcaldes, presidentes de las salas capitulares, representantes de la seguridad fronteriza, de los ministerios de la Mujer y Educación, la Dirección General de Migración, el Ministerio Público y la Defensa Pública. 

Además, representantes del Ministerio de Trabajo, oficiales civiles, de la Junta Central Electoral, Dirección General de Aduanas, del Consejo Nacional de la Niñez, representantes de las iglesias, la comunidad jurídica, las academias, sociedad civil y empresarios.  

Durante las reuniones se conocieron los avances y desafíos de la justicia, y se explicó el programa Justicia y Sociedad.  

En el marco del programa Justicia y Sociedad que lleva a cabo la Escuela Nacional de la Judicatura, los jueces (as) y servidores (as) judiciales de San Juan de la Maguana han desarrollado 15 actividades, impactando a 718 personas de la comunidad.  

Estas iniciativas, lideradas por los magistrados(as) Manuel Ramírez Suzaña, Ángel V. Hernández, César Quezada, Luis M. Marte, Cleurys Tejada, Edward Gerónimo, Milton Castillo y Blaury Luciano, junto a los servidores(as) judiciales Elisandra Montero, Karen Loreta, Ana Guzmán, Mariolys Ramírez, Ingrid Pimentel, Luz Mata y Agustina Mora, han fortalecido el vínculo entre la justicia y la ciudadanía, impulsando el acceso a derechos y el desarrollo social en la región. 

El programa se extenderá a los 11 departamentos judiciales del país, en procura de hacer la justicia más accesible y fortalecer la confianza en el Poder Judicial. 
 
Durante su participación, Henry Molina destacó que el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables es una prioridad y que la construcción de la confianza en el sistema judicial requiere de un esfuerzo continuo.  

Enfatizó la importancia de la rendición de cuentas y la pedagogía judicial, afirmando que la justicia debe ser entendida y sentida por la ciudadanía.  
 
Sostuvo que estos encuentros fomentan la colaboración entre jueces, fiscales, defensores públicos, autoridades locales y las comunidades en general.  

Molina concluyó haciendo un llamando a la acción para lograr resultados concretos y reafirmó la necesidad de un enfoque interconectado en el sistema de justicia, basado en transparencia, educación cívica y ética. 

Entre los temas llevados a la mesa interinstitucional se discutió sobre la necesidad de implementar los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, la preocupación y cantidad de privados de libertad y el Programa de Optimización Penal para enfrentar la problemática, la ejecución de la pena y órdenes de libertad a tiempo, y continuar con los exitosos resultados de la reducción de la mora judicial y la implementación de la tecnología. 

En su recorrido, el magistrado Henry Molina se hizo acompañar de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito, del juez coordinador del Distrito Judicial de San Juan, Manuel Ramírez Suzaña; la consejera Octavia Fernández y de jueces (as) de diferentes instancias. 

Asimismo, del director general de Administración y Carreta Judicial, Jhonattan Toribio; el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito; la directora general Técnica, Gervasia Valenzuela, y el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Javier Cabreja.  

También de Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario; Ridomil Rojas, director general de Mensuras Catastrales. Asimismo, participaron el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, Tomás Alejo Concepción; los alcaldes de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa y Eddy Morillo, respectivamente; y los diputados Frank Ramírez y Mélido Mercedes, entre otras autoridades.   

Durante el desarrollo de las mesas interinstitucionales, las autoridades provinciales y los integrantes de la comunidad jurídica, valoraron los avances de la justicia, especialmente en lo referente a la reducción de la mora judicial, los logros en transparencia y acceso, así como la digitalización en el Poder Judicial, audiencias virtuales y la firma digital. 

Discurso del Día del Poder Judicial. Santo Domingo, República Dominicana, 7 de enero de 2025

Introducción: justicia, el escudo que nos protege

Este Día del Poder Judicial nos reunimos para reflexionar sobre los logros que hemos alcanzado y sobre los desafíos que aún debemos superar.

La versión completa de nuestro Himno Nacional, que acabamos de escuchar, encierra una frase profundamente significativa:

“Que es santuario de amor cada pecho do(nde) la patria se siente vivir y es su escudo, invencible, el Derecho.”

Este verso nos recuerda que el Derecho no solo resuelve conflictos, sino que protege nuestra convivencia. La justicia es un principio y una labor profundamente humana que guía cada acción del Poder Judicial para construir cohesión social y esperanza.

Hoy renovamos nuestro compromiso con los valores esenciales que fortalecen nuestra democracia, para que la Justicia pueda ser ese escudo invencible que protege la dignidad y la libertad de cada persona en nuestra nación.

Cuando asumimos esta tarea, sabíamos que no sería fácil. Partíamos de la imperiosa necesidad de responder a las demandas de la sociedad, considerando las condiciones de la institución y la imprescindible valoración de la independencia y la carrera judicial como pilares fundamentales para garantizar un sistema de justicia robusto, eficiente y digno de confianza.

En ese camino ha sido y seguirá siendo prioridad continuar dignificando el rol del principal activo del Poder Judicial, nuestros jueces y servidores judiciales, con políticas que mejoren su bienestar y sus condiciones de trabajo para transformar la organización.

Hoy, cinco años y nueve meses después hemos dado pasos significativos. Con un gran esfuerzo de trabajo de todos los integrantes del Poder Judicial, ha aumentado en eficiencia y eficacia nuestra labor. Además, estamos optimizando procesos, reduciendo la mora judicial y construyendo una justicia más accesible y cercana. Pero también sabemos que queda mucho por hacer

Justicia al día: venciendo la mora, centrados en las personas

El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes. Por ejemplo, una madre en Puerto Plata cuya humilde casa fue destruida por un incendio, esperó 13 años para que se resolviera su caso. Trece largos años de angustia de no saber si recibiría justicia ni cómo reconstruir su vida.

La mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad, pero estamos transformando esa realidad. Hoy, historias como esta son cada vez menos frecuentes.

El avance en la Suprema Corte demuestra que la justicia al día es posible. De los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98% ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, aún cuando la Primera Sala era la que más casos tenía pendientes en 2019 y a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.

Además, del total de 9,292 casos ingresados en 2024, ya se resolvió el 48%. La Segunda Sala Penal no tiene ningún caso pendiente del 2023 y ha ido más allá resolviendo todos los casos en un plazo máximo de seis meses. Recordando que en 2019 existían casos esperando decisión desde 1982.

La Suprema Corte de Justicia ha solucionado 47,986 casos entre junio de 2019 y noviembre de 2024.

La nueva Ley 2-23 sobre recurso de casación sienta las bases para garantizar coherencia normativa al establecer el interés casacional. Fortalece la seguridad jurídica, pilar de nuestro Estado de Derecho. También ha establecido un mecanismo para reducir de 2 años a 27 días promedio el plazo para completar un expediente y tramitar a la sala correspondiente para ser decidido. Igualmente, el artículo 78 de dicha Ley incorpora la prohibición del tercer reenvío de recursos a las Cortes de Apelación, permitiendo que la Suprema Corte conozca el caso de manera definitiva.

Todas estas medidas evitan que queden rezagados recursos por inactividad de las partes, fomentan la unificación de criterios de interpretación legal a nivel nacional y ponen fin a una larga tradición de procesos que resultaban en una espera interminable.

La disciplina y eficiencia se extienden a todos los tribunales. Con la dedicación y esfuerzo de nuestras juezas, jueces y servidores judiciales, a diciembre de 2024, las Cortes de Apelación pasaron de un 37% al día a un 72%. Los tribunales de Primera Instancia, de un 24% a un 64%. Y los Juzgados de Paz, de 53% al 91%. De un total de 696 tribunales, 508 están al día. Es decir, al cierre del 2023 solo el 30% estaba al día. Hoy, un 73% de los tribunales a nivel nacional están libres de mora.

Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega. Su esfuerzo es un trabajo constante que se ha mantenido en el tiempo. Por eso, para cada una de las juezas, jueces y servidores del Poder Judicial de la República Dominicana, pido un fuerte aplauso.

En este 2025 pondremos especial atención al avance contra la mora en los tribunales en situación más crítica. Priorizando las jurisdicciones penal e inmobiliaria, sobre todo en los lugares de mayor densidad poblacional.

En la Jurisdicción Penal: debemos superar el pasado, sus barreras y limitaciones sistémicas. Tenemos un gran reto, el 44% de los tribunales penales están en atraso. Transformar la cultura es urgente, pues el sistema penal representa el 48% de los casos judiciales del país.

Es necesario continuar incentivando la implementación de acuerdos o soluciones alternas de conflictos entre las partes, reduciendo la cultura litigiosa y sus prácticas dilatorias contrarias a la ética procesal. Mejorar la operación del proceso previo a juicio y la ejecución de sentencias. También, establecer la interoperabilidad entre los actores del sistema, así como lograr alternativas al cumplimiento de penas privativas de libertad en casos que la ley lo permita.

En el ámbito inmobiliario se ha logrado avanzar y mantener la modernización para la eficiencia. Iniciativas como el Servicio de Alertas Registrales, para prevenir irregularidades, o la nueva Oficina de Servicios en el Distrito Nacional, representan importantes mejoras en la atención.

Igualmente, el Programa de Vectorización Cartográfica pone a disposición para consulta 165 mil planos históricos. Se ha fortalecido la Red Geodésica Nacional, con cinco nuevas estaciones de referencia. Ahora, debemos reconocer que también persisten los atrasos en 27 tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Otro reto relevante que estamos afrontando.

En definitiva: sí, tenemos motivos para el optimismo. El avance es notable. Sin embargo, debemos ser claros: no estamos conformes. El gran desafío de la mora persiste. No descansaremos hasta que ninguna persona tenga que vivir en la incertidumbre por falta de justicia. Ese es nuestro compromiso.

Estamos construyendo un sistema judicial eficiente, accesible, que se pone en el lugar de las personas.

Transformación digital: justicia accesible, abierta y eficiente

La transformación digital es uno de los principales aliados para alcanzar una justicia abierta. Nos permite hacer mejor nuestro trabajo y enfocarnos en lo realmente importante: servir a la gente.

Hoy, el 100% del Poder Judicial opera con firma digital, con mayor rapidez y seguridad. El próximo reto es que los demás actores y usuarios del sistema se integren.

Actualmente, más de 6,000 usuarios pueden gestionar casos y realizar trámites a través del Portal de Acceso Digital. Es un paso trascendental para el acceso a la justicia que los usuarios del sistema puedan consultar y gestionar sus expedientes en línea en la Primera y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Superior Administrativo y en todos los tribunales civiles. Su expansión continuará por todo el territorio y todas las materias, permitiendo audiencias virtuales, a excepción de las penales (por ahora).

Históricamente las sentencias de la Suprema Corte de Justicia se publicaban, en su mejor momento, con dos o tres meses de atraso, dificultando el acceso oportuno. Este año las decisiones estarán disponibles al público inmediatamente. Tendremos en línea, a disposición de la sociedad, tanto el Boletín Judicial como las decisiones de todos los tribunales del país, en un registro único de sentencias. Esto consolida un legado de justicia abierta y transparente.

La Escuela Nacional de la Judicatura puso en marcha en 2023 el Anuario de Jurisprudencia. Distintos juristas comentan con autonomía una selección de sentencias, aportando a un diálogo constante de la comunidad jurídica con la corte de casación.

La creación de la Cátedra Jorge A. Subero Isa, centrada en la innovación judicial, y la Juriteca, la primera base de conocimiento jurisprudencial del país aporta a garantizar que cada decisión judicial se base en los más altos estándares de calidad y rigor.

Ética y transparencia: bases de la confianza judicial

La transparencia es la piedra angular de un sistema judicial legítimo. La ética y la rendición de cuentas son fundamentales para consolidar una relación de confianza con la sociedad. La entereza de las juezas y jueces en cada decisión y la capacidad de comprobar la correcta aplicación del Derecho, refuerzan la independencia del sistema judicial. En este sentido, se han dado importantes pasos en los últimos cinco años, lo que aportó a que el país avance ocho posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.

La República Dominicana ha mostrado una notable mejora en la confianza hacia el Poder Judicial, según el Latinobarómetro. En 2018, solo el 21% de los ciudadanos confiaba en el sistema judicial, ubicándose por debajo del promedio regional de 24%. En 2020, este porcentaje aumentó a un 36%, mostrando una mejora considerable. En 2024, el nivel de confianza alcanzó un 40%, superando el promedio regional actual de 28%. Este incremento acumulado de 19 puntos porcentuales ha llevado al país a ocupar el cuarto lugar en la región, superando a Brasil, Chile, Colombia y Panamá, y quedando solo por detrás de Uruguay, Costa Rica y El Salvador.

La digitalización juega un papel clave en la trazabilidad de los procesos. La tecnología y su transparencia nos ayudan a superar un sistema judicial distante y acercarlo a la gente.

Sin embargo, la transparencia no puede existir sin un compromiso con la ética. Por eso incorporamos el Comité de comportamiento ético a la Suprema Corte de Justicia. Esto propicia desde el más alto tribunal un modelo de juez y servidor judicial.

Todas estas transformaciones tienen un mismo norte: confianza, confianza… confianza.

Justicia global: un motor para el desarrollo y la democracia

República Dominicana, como séptima economía de América Latina, está consolidando su posición global. Desde el Poder Judicial impulsamos una agenda internacional que ha fortalecido nuestra capacidad técnica, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Rama Judicial de Puerto Rico, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, de los EE. UU. (INL) y el Centro Nacional para Cortes Estatales (National Center for State Courts).

Del 14 al 16 de mayo, seremos sede de la XXII (vigésima segunda) Cumbre Judicial Iberoamericana. Un espacio estratégico para impulsar políticas y buenas prácticas por el desarrollo de la independencia y la imparcialidad judicial, que fortalecen la democracia y el Estado de Derecho frente a los retos actuales en la región.

Justicia para las personas: un modelo inclusivo y participativo

Al superar el 5to año de trabajo nos propusimos una amplia mirada al presente y futuro de nuestra justicia. Un proceso de consultas que nos ha permitido poner el oído en el corazón de la organización judicial, pero sobre todo de la sociedad.

En los próximos 12 meses, será ejecutado un Plan Nacional de Infraestructura Judicial, para su dignificación efectiva. Cada sede judicial contará con mejoras visibles, priorizando los servicios en aquellas de mayor flujo.

Pondremos aún mayor atención al sistema penal. La mora y las barreras en la aplicación de sentencias son problemas que requieren soluciones urgentes y sostenibles. Para superar el estado de cosas actual se requiere hacer más. La atención a los principales tipos penales necesita una visión interinstitucional que afronte estos retos como un problema de Estado. Hablamos principalmente de delitos relacionados con violencia contra la mujer, drogas y robos.

Profundizar la modernización de la justicia exige una reforma legislativa integral que permita, a través de lo digital, la organización territorial y la optimización de los procesos. Una reforma inspirada en modelos eficaces, construida sobre amplios consensos y enfocada en las necesidades de la gente.

Es imprescindible que actuemos con plena conciencia de que la justicia es un eje transversal que impacta todas las áreas fundamentales para nuestro desarrollo como sociedad.

Para continuar fortaleciendo la independencia judicial, se implementarán auditorías externas para los procesos de selección y promoción de jueces. Esto suma mayor certeza a los esfuerzos ya logrados en materia de integridad e independencia. Al mismo tiempo, reforzaremos el sistema de integridad y ética.

Por último, seguiremos trabajado para ser un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, publicando informes trimestrales sobre los avances de todos los compromisos asumidos, asegurando que la ciudadanía tenga acceso directo a los resultados de nuestras acciones.

Sobre la base de estas medidas, y otras que serán fruto del actual proceso de diálogo, tendremos una visión del camino que deberá seguir la justicia de los próximos 10 años. Un modelo de justicia que priorice la participación activa de la comunidad y de todos los sectores del país.

La Justicia: escudo del estado de derecho y la institucionalidad democrática

Nuestro himno nacional contiene claves históricas y simbólicas para identificarnos, para reconocernos y encontrar en conjunto razones para la convivencia y la construcción de un proyecto compartido. Una de ellas, la más importante quizás para la tarea que nos convoca como Poder Judicial y como compromisarios de los valores republicanos, es el verso ya mencionado que dice: es su escudo invencible el Derecho…

El futuro de nuestro país, de su estabilidad, su crecimiento, su rumbo hacia el desarrollo, es posible si somos capaces de vivir en coherencia y armonía con los principios, las normas e instituciones que emanan de la Constitución y las leyes.

Solo así tienen sentido y razón de ser las grandes transformaciones que estamos logrando y las muchas que faltan por alcanzar. Son la garantía de que la libertad, la igualdad y la solidaridad, pueden sostener la dignidad de las personas en nuestra República Dominicana.

¡Justicia, paz y salud para todas y todos!

Muchas gracias.